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La Plataforma Afectados Covid19, formada por juristas, periodistas y ciudadanos que buscan hacer responsable al gobierno español por la gestión de la crisis generada por el COVID-19 y dar apoyo a los afectados, lanzó la semana pasada un formato de carta dirigida a la presidente de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, para pedir su intervención.

Algunos de los juristas que forman parte del grupo representan en el Tribunal Supremo a las más de 3,000 familias que han demandado al gobierno por su gestión de la crisis sanitaria, señalándoles como responsables de homicidio imprudente.

En la carta, los afectados por el COVID-19 en España solicitan a la presidente de la Comisión Europea que intervenga para garantizar que en ese país “se respeten los derechos fundamentales de toda la ciudadanía, y se minimice al máximo una grave crisis social y económica de consecuencias nunca vistas”.

“En España estamos viviendo una situación catastrófica ante un Gobierno con una falta absoluta de previsión y con una clara deriva autoritaria en la aplicación de medidas que no han evitado los más de 27,000 fallecimientos y la desprotección absoluta de nuestro personal sanitario”, dice la carta.

En el documento se afirma que el gobierno está empleando el estado de alarma para hacer cambios legislativos de gran calado” que más allá de la lucha contra la pandemia, responden a “un proyecto político y electoral” de los partidos que conforman el Ejecutivo.

La carta dirigida a Van del Leyen denuncia “la utilización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para reprimir cualquier tipo de ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas” en España.

Y, por ello, ruega “encarecidamente” a la máxima representante de la Comisión Europea que ejerza “un mayor control sobre el Gobierno de España” para que se la Carta Europea de Derechos Fundamentales y el Tratado de la Unión Europea, “de tal manera que no se eliminen nuestros derechos y se pretenda silenciar a la ciudadanía”, mientras dure el estado de alarma declarado por el coronavirus.

Asimismo, pide controlar el gasto del Gobierno de España “así como las medidas económicas que adopte, en tanto que se atisba una fuerte crisis económica en nuestro país y muchas de dichas medidas harán que se agrave dicha circunstancia”, concluye.

También, once abogados que forman parte de Plataforma Afectados Covid19 en nombre de un total de 3,268 personas “cuyas familias han perdido a 3,274 familiares como consecuencia de la epidemia del Covid-19”, han presentado una demanda en contra del gobierno español, ante la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo español, por supuestamente haber hecho caso omiso a las advertencias de las autoridades sanitarias internacionales, entre ellas las de la propia Comisión Europea, ocultando información a los ciudadanos sobre la emergencia sanitaria y las graves consecuencias que tuvo en España.

En la demanda se señalan como responsables a Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Gobierno de España y los 22 ministros del Ejecutivo por incumplir sus obligaciones tras “la tardía adopción de las medidas y, por la negligencia de sus actos y omisiones para conseguir frenar, reducir y paliar en toda la nación los efectos de la epidemia” causada por el coronavirus Sars-Cov-2 en España, siendo responsables “conjunta y solidariamente”, de un delito de homicidio múltiple por imprudencia, que está castigado con penas de prisión.

La demanda solicita al Supremo que pida al gobierno todos los documentos e informes oficiales sobre la pandemia con los que contaba desde el minuto uno de esta, así como las cifras oficiales de contagios y fallecimientos, reales y actualizadas.

Es probable que en otros países también se presenten demandas en contra de los gobiernos por el manejo de la pandemia.

Más información 20minutos.es y okdiario.com

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