Donald Trump

 

El día de ayer la Corte Suprema de Estados Unidos escuchó los argumentos a favor y en contra sobre la negativa del presidente Donald Trump a entregar sus documentos financieros al Congreso y a un fiscal de Nueva York argumentando inmunidad presidencial.

En este caso no sólo está en juego la decisión de si se deben de presentar las declaraciones de impuestos y estados de cuenta de Trump, sino establecer si la inmunidad presidencial en los Estados Unidos tiene tal alcance que lo coloca por encima de la ley y no puede ser considerado responsable ante los otros poderes y el público estadounidense.

Trump, durante su campaña en 2016 alardeó sobre su fortuna, producto de lo buen empresario que es, y se dijo dispuesto a presentar sus declaraciones de impuestos al público, como lo han hecho todos los candidatos y presidentes desde 1970, pero que no podía hacerlo en ese momento porque estaba siendo auditado. Han pasado casi cuatro años y sigue sin exhibir sus declaraciones de impuestos.

Pero además este tema llega al alto tribunal, porque tres comités de la Cámara de Representantes del Congreso de los EE.UU. y un fiscal de Manhattan, han solicitado a la antigua firma de contabilidad del presidente y dos de los bancos de los que era cliente, documentos financieros de Trump de entre 2011 y 2018, a lo que el presidente se ha opuesto.

El otro caso que se analiza sobre el mismo tema es uno que se lleva en Nueva York en relación con una investigación criminal sobre pagos para silenciar a mujeres relacionadas con Trump además de posibles violaciones a la legislación tributaria del estado.

Los abogados del presidente argumentan que el presidente goza de inmunidad total durante el ejercicio de su mandato y que esto es necesario para que pueda concentrarse en su trabajo sin ser “acosado” por fiscales y congresistas, pero este argumento ha sido rechazado en primera instancia y luego en apelación, ya que lleva a concluir que un presidente está por encima de la ley.

Para algunos expertos, si se concede inmunidad total al presidente, se despojaría al Congreso de su facultad de supervisión legislativa.

Aunque en el texto de la Constitución no habla de "supervisión legislativa" porque la frase en sí no se usó hasta la década de 1830, y no se generalizó hasta después de la Segunda Guerra Mundial, el Congreso ha ejercido la supervisión legislativa desde el principio.

Hoy el Congreso celebra una variedad de diferentes tipos de audiencias, incluidas las audiencias legislativas, de supervisión, de investigación, de confirmación, de ratificación y de juicio político. Todas ellas incluyen la supervisión del gobierno de una forma u otra.

La doctrina existente de la Corte Suprema lo reconoce efectivamente. En el precedente Wilkinson v. Estados Unidos, en relación al cuestionamiento a una persona por un subcomité de la Cámara sobre su participación en el Partido Comunista, el tribunal dijo que la citación sería válida siempre que se cumplan cinco condiciones: la investigación debe ser autorizada por el Congreso, el comité debe estar persiguiendo un "propósito legislativo válido", la pregunta debe ser pertinente a la investigación, se debe aclarar al investigado por qué la pregunta es  pertinente y que la pregunta no debe violar sus derechos constitucionales fundamentales.

Lo que sucede en el caso de Trump es que sus abogados, y hasta cierto punto la oficina del procurador general, están tratando de limitar radicalmente los alcances de la frase “propósito legislativo válido”, al querer hacer que la frase sea estrecha y restrictiva del poder del Congreso. Según su argumento, la supervisión simple no cuenta como un propósito legislativo válido, a pesar de la conexión histórica y lógica entre los dos.

Los abogados de Trump quieren que los jueces vean el caso como uno en el que los intereses del poder legislativo deben sopesarse con los intereses del ejecutivo. Pero las declaraciones de impuestos son anteriores a la presidencia de Trump. Producirlos no interferirá con el ejercicio de su cargo.

Además, y también en relación con el caso civil, la Corte Suprema ya sostuvo hace casi un cuarto de siglo en Clinton v. Jones que el presidente no está por encima de la ley. Sí puede ser demandado civilmente a título personal mientras está en el cargo por conductas que ocurrieron antes de convertirse en presidente.

Se espere que el alto tribunal presente su decisión en julio de este año.

Más información startribune.com

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