Hombre mostrando cartera vacía

 

La mañana de este jueves el gobierno de Suecia anunció que nombrará a un funcionario especial encargado de supervisar que los recursos de ayuda a negocios e individuos durante la pandemia por coronavirus se utilicen para sus fines y no terminen en manos de criminales.

El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia y Migración, Morgan Johansson, quien dijo lo siguiente en conferencia de prensa: “En una situación de crisis, la mayoría de las personas piensan en cómo pueden ayudar. Es así como la mayoría de nosotros trabajamos, pero no todos. Otros piensan como pueden hacerse de lo más posible de los recursos públicos. No debemos ser ingenuos al respecto.

“Cada dólar de impuesto que termina en el bolsillo equivocado es un robo a los habitantes. El dinero que gastamos debe ser para la administración de la crisis y no debe caer en los bolsillos de las redes criminales”, aseveró el funcionario.

El ministro explicó que este nuevo funcionario, descrito como el “general antifraudes” de Suecia, tendrá facultades para supervisar cómo los paquetes de ayuda ofrecidos por el gobierno están siendo usados y emitir la alerta respecto de cualquier irregularidad o actividad sospechosa.

Además, este funcionario podrá presentar iniciativa de ley en contra de los fraudes a esta asistencia.

La aproximación de Suecia a la pandemia ha dado mucho de que hablar en Europa porque ha sido menos estricta que las medidas implementadas en países como Italia, España o el Reino Unido. Así, no se han cerrado completamente tiendas ni restaurantes, aunque se ha advertido a los ciudadanos de la importancia de mantener la sana distancia y del frecuente lavado de manos. Una situación como la que se vive en varias ciudades y poblados de México, pese al decreto del ejecutivo federal.

A pesar de esta relajada aproximación, varios negocios han entrado en crisis económicas y para estas situaciones el gobierno ha impulsado varias medidas de apoyo, entre ellas un nuevo sistema de despidos de corto plazo, financiamiento estatal para pagar las incapacidades por enfermedad del segundo día hasta el 14º y una nueva compensación fija para el primer día de incapacidad, la que no existía antes. Además, ha reducido los derechos que los patrones deben pagar, aumentado el seguro de desempleo y apoyado a negocios que necesitan adaptar la forma en que trabajan.

El pago de las incapacidades fue un tema que se tuvo que discutir en varias naciones al principio de la epidemia. Así, en el Reino Unido a principios de marzo el gobierno anunció que el pago obligatorio por enfermedad general se haría a los trabajadores desde el primer día de la enfermedad y no a partir del tercer día como está prescrito en la ley. Esta medida, por supuesto, no aplica para los trabajadores bajo contratos de cero horas, quienes han quedado más vulnerables con la crisis.

La supervisión de que estos paquetes de ayudas cumplan sus fines será el encargo del nuevo funcionario, que no ha sido nombrado hasta el momento.

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