Vista de Londres

 

Un niño de ocho años llevó al Ministerio del Interior, Home Office, del Reino Unido, ante el Tribunal Superior por un grupo de políticas establecidas en 2012 en las que niegan a familias como la de él acceso a beneficios sociales.

Se trata de las políticas no recourse to public funds, NRPF (sin acceso a fondos públicos), establecidas en 2012, por las cuales los inmigrantes a los que se ha concedido el permiso para permanecer en el Reino Unido se les sujeta a la condición de que no tengan acceso a estos fondos, lo que se traduce en una negativa a los beneficios sociales y de bienestar. Solo cuando la persona ha permanecido largo tiempo en el país y se les concede un permiso permanente de residencia, pueden aplicar a estos beneficios como seguro de desempleo, beneficios fiscales, ayuda de vivienda, etc.

En el caso, la madre del niño llegó al Reino Unido en 2009 y se le concedió permiso de permanecer en el país. El niño, que por razones legales no puede ser nombrado, nació en el Reino Unido. La madre trabaja como asistente de personas discapacitadas con enfermedades mentales y es madre soltera por lo que viven en una precaria situación. Por esta situación, el niño ha tenido que cambiar de escuela cinco veces.

En la demanda, el menor argumentaba que la política NRPF es ilegal y que durante la pandemia por el COVID-19 estas políticas aumentan el riesgo de que las familias como la suya queden en estado de indigencia y aumenta los riesgos para la salud pública al forzar a las personas hacia alojamientos superpoblados o a las calles.

“La pandemia ha convertido las situaciones de las familias como esta en una más urgente y desesperada. La indigencia de estas familias impacta directamente en su capacidad de tomar precauciones de salud pública, aumentando su exposición al virus y su potencial diseminación”, declaró a los medios Caz Hattam, coordinador del organismo Unity Project, detrás de esta demanda en asociación con el despacho de abogados Deighton Pierce Glynn.

La petición de este niño no es la única que se está presentando en contra de estas políticas. Grupos como Children’s Society y Haringey Migrant Support Centre han presentado reportes en los que se expone la precaria situación de estas familias en las que usualmente los progenitores laboran bajo contratos cero horas y que han perdido sus empleo durante el cierre de actividades y el confinamiento. Igualmente se expone la situación de migrantes sin techo a quienes no se ha encontrado alojamiento durante el confinamiento.

El caso debía haberse resuelto en abril, pero por la pandemia se pospuso el proceso. Así, ha sido hasta hoy 7 de mayo que el Tribunal Superior decidió fallando a favor del niño al declarar la ilegalidad de las polítics que niegan beneficios sociales a las familias de inmigrantes. Se espera que se proporcionen detalles sobre las acciones que Home Office debe seguir para cumplir esta decisión.

En el sitio web de Home Office se publicó: “El gobierno está comprometido a hacer lo que sea necesario para apoyar a todos durante esta crisis. Hemos presentado numerosas medidas de respuesta, muchas de la cuales son accesibles a aquellos sin acceso a fondos públicos. Estamos comprometidos a la protección de las personas vulnerables y estamos seguros de que las medidas en funcionamiento apoyan a aquellos que en este momento no tienen acceso a fondos públicos.”

(Esta nota fue revisada y actualizada el 7 de mayo 2020 a las 8:25 a.m)

Más información theguardian.com

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