Militares con armas

 

Por diferentes vías, tres mujeres integrantes de la fuerzas armadas del Reino Unido han iniciado acción legal en contra de la decisión del ministro de Defensa de ignorar la recomendación de que los casos de homicidio y violación cometidos en el Reino Unido sean revisados por la justicia común y no por los tribunales militares.

Las tres mujeres fueron víctimas de violación y abuso sexual. Sus casos fueron procesados por las autoridades militares ante los tribunales militares y ninguno de los tres terminaron en condenas. Las tres sufren estrés postraumático y dos de ellas que están en el servicio activo están en vías de ser dadas de baja por razones médicas.

Si bien el personal militar está sujeto a las leyes y tribunales militares, en teoría la ley y tribunales civiles deben tener preferencia al momento de procesar casos de homicidio y violación. Sin embargo, desde 2009 estos casos también son procesados en instancias militares.

“En ningún momento previo al comienzo de la investigación se presentó el tema de si el asunto debía ser denunciado a la policía civil ni discutido con ninguna de las denunciantes”, se lee en una carta enviada al ministro de Defensa, Ben Wallace, respecto de estos casos. “Las tres denunciantes han reportado oficialmente (ya sea por los servicios de queja del servicio o mediante un litigio aparte) preocupaciones muy graves sobre la calidad de las investigaciones de la policía del servicio (militar) y/o la toma de decisiones de la Autoridad de la Fiscalía del Servicio”.

Las tres mujeres, que por razones legales no pueden ser nombradas, están siendo representadas por Emma Norton, directora del recientemente creado Centre for Military Justice.

La abogada Norton dijo que, de tener éxito en estos recursos, no habría ninguna diferencia en los casos de ellas “porque ya han quedado seriamente comprometidas debido a este sistema injusto. Lo están haciendo por sus compañeros y compañeras en el servicio que, en el futuro, podrían necesitar y merecer un mejor sistema de justicia.”

En febrero se presentó el reporte de un análisis encomendado a dos exjueces. La primera recomendación fue que “la jurisdicción de los tribunales militares no incluyera homicidio, homicidio culposo y violación cuando esos delitos fueran cometidos en el Reino Unido, excepto cuando el fiscal general hubiera otorgado su consentimiento”.

El ministro Wallace rechazó esta recomendación y dijo que cree “que el sistema de justicia del servicio es capaz de lidiar con los más graves delitos y debe tener la capacidad de seguir haciéndolo”.

Oficialmente, el Ministerio respondió que “algunos casos” son tratado mejor por la policía y tribunales militares en que “el principal principio para decidir quién tiene primacía es si el delito tiene algún contexto civil", lo que significa que los casos que involucran solo personal militar deben seguir siendo tratados como hasta ahora.

Un total de 129 casos de violaciones fueron presentados ante tribunales militares entre 2015 y 2019, trece de los cuales resultaron en condenas, el 10 por ciento. En contraste, durante ese tiempo las condenas ante tribunales civiles fue de entre el 57 y el 63 por ciento, todo esto conforme con cifras oficiales.

Casi dos tercios de todos los delitos sexuales reportados en el ejército en 2019, fueron de incidentes ocurridos en el Reino Unido y más tres cuartos de las víctimas fueron mujeres. Lo alarmante es que las mujeres son actualmente el 11 por ciento de las fuerzas armadas, un poco más de 15,000 integrantes.

En defensa de sus procesos, un vocero del Ministerio de Defensa dijo que “las fuerzas armadas es cercano reflejo del sistema para civiles. Está sujeto a supervisión parlamentaria y las investigaciones de la policía del servicio son independientes de la cadena de comendo militar”.

Estas tres mujeres se enfrentan a muchos obstáculos en sus recursos y a un fuerte sistema que difícilmente querrá cambiar sus formas.

Más información theguardian.com

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