Cárcel

 

El miércoles de la semana pasada el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU pidió a los países que las medidas de protección en contra del contagio de COVID-19 en las prisiones no lleve a conceder amnistías a criminales de guerra.

Estas palabras fueron pronunciadas por el abogado argentino Fabián Salvioli pidiendo que las salidas anticipadas de prisión no incluyan a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos, crímenes en contra de la humanidad, genocidio o crímenes de guerra.

“El derecho internacional existente prohíbe la adopción de medidas que generen impunidad, de derecho o de hecho, para las personas condenadas por esos delitos”, dijo el abogado Salvioli. “Medidas tales como amnistías, indultos, eximentes de responsabilidad y beneficios en la ejecución de la pena son nulas y carecen de efecto legal”, asegurando que “sólo se pueden conceder indultos humanitarios en casos de enfermedades terminales de resolución inminente”.

El relator especial dijo también que si bien hay hacinamiento y pocas medidas de higiene en las prisiones, quienes han cometido los delitos antes enunciados suelen disfrutar de condiciones de detención establecidas por razones de seguridad que evitan el contacto masivo, lo que las sitúa en una posición ventajosa en términos de seguridad y salud en comparación con otras personas privadas de libertad.

“En la actual situación de emergencia sanitaria”, señaló el abogado, “una vez que se hayan aplicado medidas generales para evitar el hacinamiento de la población carcelaria, si subsiste el problema del posible hacinamiento de las personas encarceladas por cometer esos delitos, se recomienda trasladarlas a otro centro penitenciario donde tengan condiciones de detención seguras y salubres”.

“Si esto es imposible, se debe conceder el arresto domiciliario temporal, con los controles adecuados”, dijo el experto de la ONU. “Sin embargo, los individuos deben regresar a la prisión una vez que la situación de emergencia haya pasado, para cumplir el resto de su condena”.

En las directrices detalladas para los gobierno que el abogado Salvioli escribió, señala, además de lo anterior, que “en ningún caso son aplicables las amnistías, indultos, eximentes de responsabilidad, ni reducción de pena para personas condenadas por genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra, conforme al derecho internacional vigente.”

Las palabras del abogado resuenan fuertemente en Argentina, país en donde ese mismo miércoles se concedió arresto domiciliario por la epidemia del Coronavirus a Carlos Capdevila, ex médico de la Armada y condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura militar, en donde intervenía en los partos de las mujeres secuestradas en la maternidad clandestina.

Si bien el juez Daniel Obligado del Tribunal Federal Oral 5 se negó a conceder a este hombre la libertad por no existir las condiciones para su reinserción social, le concedió el privilegio del arresto domiciliario porque está a punto de cumplir 70 años y tiene problemas de salud, lo que lo coloca en la población de riesgo.

Todo indica que está decisión está en consonancia con el fallo emitido por la Cámara de Casación Penal de Argentina que ordena que se dispongan las prisiones domiciliarias a grupos de riesgo, a condenados por delitos leves y los que podían acceder a salidas transitorias. Sin embargo, no están de conformidad con las directrices antes señaladas por el relator especial de la ONU.

Las víctimas de este exmédico, sin embargo, probablemente no estarán muy satisfechas con la decisión.

Más información oacnudh.org / perfil.com

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