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La Corte Suprema de Israel ordenó el domingo a la agencia de seguridad Shin Bet que suspenda el uso de tecnología de rastreo de celulares para el combate del COVID-19, a menos de que el Parlamento inicie, a más tardar el jueves 30 de abril, un proyecto para delimitar las directrices de la polémica práctica.

Hace un mes el gabinete en pleno del gobierno de Israel autorizó, sin la participación del Parlamento, una ley de emergencia que permite al servicio de seguridad interno, Shin Bet, usar los datos de teléfonos móviles para rastrear a las personas infectadas con COVID-19, incluso para identificar y poner en cuarentena a otras personas con las que han entrado en contacto y pueden haberse infectado.

A la decisión se opusieron diversas organizaciones protectoras de los derechos humanos en Israel y la Corte Suprema les ha dado la razón, concluyendo que el gobierno debe cambiar el programa de rastreo de móviles establecido para COVID-19 y adaptarlo a la legislación vigente o someter a la aprobación del Parlamento una legislación específica si quiere continuar el rastreo.

El fallo fue emitido horas después de que el asediado ministro de Salud de Israel, Yaakov Litzman, informó que renunciaría tras la indignación popular en torno a la forma en que manejó la crisis y a que él mismo se infectó de COVID-19.

“La utilización por el estado de su servicio de seguridad preventiva para monitorear a los ciudadanos sin su consentimiento, plantea grandes dificultades y se debe encontrar una alternativa adecuada, compatible con los principios de privacidad”, dijo el tribunal. “Debemos tomar todas las precauciones para garantizar que los desarrollos extraordinarios con los que estamos lidiando en estos días no nos pongan en una pendiente resbaladiza en la que se usen herramientas extraordinarias y dañinas sin justificación”, establece el fallo.

La Asociación para los Derechos Civiles en Israel (ACRI), uno de los grupos que solicitó la revisión de la medida extraordinaria del gobierno al tribunal, calificó el fallo como una victoria. “Israel no debe ser la única democracia que opera su servicio secreto de seguridad para monitorizar a sus ciudadanos, incluso en la lucha contra el coronavirus”, han explicado en Twitter.

Adalah, un grupo activista árabe que impugnó la medida, elogió la decisión de la corte pero comentó que está “sumamente preocupado” de que se le haya dado al gobierno tanto tiempo para legislar las directrices de esta práctica.

“Una decisión de la Corte Suprema que reconoce esta ilegalidad, pero de todas formas permite que continúe perjudica severamente los derechos civiles de todos los ciudadanos”, declaró.

En términos generales, el gobierno ha recibido elogios por mantener la crisis del coronavirus bajo control. Más de 15,000 israelíes se han infectado y casi 200 han muerto, pero el sistema de salud nacional no se ha visto rebasado como en Italia o Nueva York, por lo que el país ha comenzado a relajar las medidas de confinamiento después de varias semanas.

Los expertos en tecnologías de la información consideran que la pandemia del COVID-19 es una emergencia global de salud pública que precisa de una respuesta coordinada y a gran escala de los gobiernos en todo el mundo, para lo cual el uso de la tecnología está siendo fundamental para difundir mensajes de salud pública y aumentar el acceso a los servicios de salud, para crear equipamiento sanitario y también conocer los datos sobre su expansión con rastreo de móviles y con ello de ciudadanos.

Sin embargo, la tentación de emplear los datos para otros usos, desde cibervigilancia masiva a comerciales, es patente. Cien organizaciones internacionales firmaron una carta abierta donde pidieron a los gobiernos mundiales garantías de que las tecnologías digitales que se están empleando para rastrear y monitorizar a personas y poblaciones para frenar el coronavirus respeta plenamente los derechos humanos, incluyendo los digitales.

La carta se fundamenta ante las iniciativas de rastreo a personas y dispositivos que se están poniendo en marcha para combatir la pandemia del coronavirus y las posibles violaciones de la privacidad que conllevan. Una de ellas es la de las grandes operadoras europeas que llegaron a un acuerdo para compartir con la Comisión Europea datos de ubicación de teléfonos móviles. España está incluida y desde hace semanas que está en marcha un estudio de movilidad que rastrea 40 millones de móviles.

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