Sala judicial

 

Este lunes, la Suprema Corte de los Estados Unidos concluyó con una mayoría de seis votos contra tres, que en los estados los veredictos de culpabilidad respecto de delitos graves deben ser votados por unanimidad del jurado.

El caso fue presentado por Evangelisto Ramos, un hombre que en 2016 fue condenado en Luisiana a prisión por homicidio de segundo grado por el voto de 10 contra dos. Él fue representado por la organización Promise of Justice Initiative.

Solo dos estados, Luisiana y Oregon, contemplaban veredictos de culpabilidad sin requerir unanimidad de votos de los miembros del jurado. Luisiana recientemente modificó su ley para disponer, al igual que la federación y los demás 48 estados que, en casos de delitos graves, la sentencia debe ser dictada por unanimidad.

Esta previsión está contemplada en la Sexta Enmienda de la Carta de Derechos (Bill of Rights) y desde 1972 la Suprema Corte falló que los estados podían no incluir en sus legislaciones este derecho. Se trata de una decisión de excepción porque se ha convenido que todos los derechos del Bill of Rights sean replicados en las legislaciones locales.

En la decisión sostenida por la mayoría, el magistrado Neil Gorsuch explicó los antecedentes de esta disposición en Luisiana, estado que la incluyó en su constitución estatal de 1898, después de que la Suprema Corte de los Estados Unidos concluyera que las minorías étnicas no podían ser excluidas de los jurados. Al disponer que los veredictos podían ser dictados por mayorías, aunque no por unanimidad, lo que se hizo fue dificultar la participación significativa en los jurados de los afroamericanos y de otras minorías de tal forma que si en un jurado participaban uno o dos afroamericanos, sus decisiones terminaban por no tener peso real.

El magistrado explicó que esta disposición en la legislación de Oregon, “similarmente puede ser rastreada al surgimiento del Ku Klux Klan y sus esfuerzos por diluir la influencia de minorías raciales y étnicas en los jurados de Oregon”.

Si bien ninguno de los nueve magistrados consideró que la disposición fuera justa, los tres magistrados que votaron en contra de la decisión lo hicieron por razones más practicas referentes al alto número de casos que podrían ser llevados ante los tribunales de estos dos estados por personas que tuvieran pendientes sus apelaciones.

“¿Dónde está la justiciar en eso?”, replicó el magistrado Gorsuch, haciendo notar que ninguno de los magistrados podía decir que la decisión de 1972 es correcta. “Cada juez debe aprender a vivir con el hecho de que él o ella cometan errores … Pero eso es totalmente diferente a perpetuar ‘un mal’ solo porque tememos a las consecuencias de estar en lo correcto.”

La Corte, sin embargo, no resolvió este lunes si esta decisión es retroactiva.

Según Jamila Johnson, abogada de Promise of Justice Initiative, como el caso de Ramos hay unos 100 en Luisiana. Pero si la corte decide que la decisión es retroactiva, unos 1,700 prisioneros podrían calificar para solicitar la reposición de sus procesos.

Más que Oregon, Luisiana encontraría más de estos casos porque permitió que más delitos graves fueran sentenciados por mayoría y no por unanimidad.

Para los analistas, la decisión tiene otra implicación que se refiere a revertir decisiones largamente sostenidas por la Suprema Corte, temor que tienen de que este tribunal ultraconservador revierta decisiones respecto de polémicos temas como el aborto, las oraciones en las escuelas o las regulaciones para la protección del medio ambiente.

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