Persona enmascarada en protesta

 

A principios de este abril, la Corte de Apelaciones de Hong Kong se pronunció sobre la prohibición impuesta en ese país respecto del uso de máscaras en protestas públicas, revirtiendo en parte la decisión del Tribunal Superior de que tal prohibición es inconstitucional.

El año 2019 fue complicado para Hong Kong por las sucesivas protestas que iniciaron por la aprobación de una ley de extradición y que fueron creciendo hasta convertirse en violentas manifestaciones que duraron varios meses. En medio de esta crisis para mantener el orden público, con fundamento en una ley colonial conocida como Emergency Regulations Ordinance ERO, (Ordenanza de Reglamentos de Emergencia), el gobierno prohibió el uso de máscaras (rostros cubiertos) en la vía pública con el argumento de que el desorden público entraba en la definición de “peligro público”, establecido en la ERO. La ERO permite que el ejecutivo tome decisiones sin contar con la anuencia del Parlamento. La prohibición inició vigencia el 5 de octubre.

Un grupo de legisladores y el activista Leung Kwok-hung recurrieron la prohibición, estableciendo, entre otras que la definición de “peligro público” es muy amplia y que podía llevar al titular del poder ejecutivo a abusar de su poder.

En primera instancia el Tribunal Superior de Hong Kong coincidió con los recurrentes de que la prohibición de cubrir el rostro es inconstitucional y que semejante orden no podía fundamentarse en la ERO, concluyendo, además, que los medios establecidos para hacer cumplir la orden, como el que los policías pudieran retirar a la fuerza las máscaras, no eran “razonablemente necesarios”.

Esta decisión fue ampliamente criticada por el gobierno de Pekín lo que motivó la presentación de una apelación por parte del Departamento de Justicia de Hong Kong.

En la reciente decisión a esta apelación, la Corte procuró un fallo armónico y concluyó que si bien el gobierno podía establecer la prohibición de llevar el rostro cubierto, solo lo podía hacer tratándose de manifestaciones ilegales, pero no de aquellas que hubieran sido autorizadas ni de protestas pacíficas.

Añadió que la facultad conferida a los policías de quitar por la fuerza la máscara es inconstitucional. El panel de tres jueces llegó a esta conclusión ponderando que en las manifestaciones hay personas que no participan de la violencia y que, sin embargo, llevan el rostro cubierto.

También concluyeron que la Ley Fundamental, que es la constitución de Hong Kong, faculta al gobierno a aplicar las leyes nacionales en tiempos de guerra o de desórdenes y que, por tanto, la aplicación de la ERO, que, dijeron, no concede poderes ilimitados, fue constitucional. El panel, sin embargo, no entró a definir qué debe entenderse por “peligro público”.

El problema de esta prohibición se está presentando en estos momentos en que la gente sale a las calles con los rostros cubiertos como medida de protección contra el COVID-19, por lo que se ha hecho un llamado para que el gobierno anule la prohibición o, en su lugar, clarifique el alcance, a fin de evitar que quienes usan máscaras por motivos de salud sean sancionados.

A falta de disposición actual expresa, queda a discreción de la policía decidir quiénes cubren sus rostros por razones de salud y quienes para causar desórdenes, lo que genera, desde luego, gran incertidumbre y lleva a abusos de poder.

Según cifras oficiales de la policía hongkonesa, desde que la prohibición entró en vigor, 682 personas han sido arrestadas por usar máscaras y 61 de ellas han sido procesadas.

Más información scmp.com

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