Joven con cubreboca

 

El Tribunal Supremo de España notificó este lunes la resolución de un recurso presentado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos para que se emitiera una medida cautelar que obligara al gobierno a proporcionar en un plazo de 24 horas todo el material de protección que los profesionales de la salud necesitan para enfrentar la epidemia por coronavirus en centros de salud públicos y privados.

El recurso fue presentado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en marzo, pidiendo que el Ministerio de Sanidad, en un plazo de 24 horas, proporcionara todo el equipo de protección necesario al personal de los centros de salud en todo el país. Este equipo incluye batas impermeables, mascarillas de tipo FPP2 y FPP3, lentes de protección y contenedores de grandes residuos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del más alto tribunal español concluyó en ese momento que no podía resolver el asunto sin antes haber escuchado la postura del Ministerio de Sanidad.

Al resolver en ese momento, el Tribunal Supremo expuso que no había evidencia que el Ministerio estuviera actuando de forma contraria a la distribución de equipo de protección, sino al contrario, señaló que: “Son notorias las manifestaciones de los responsables públicos insistiendo en que se están desplegando toda suerte de iniciativas para satisfacerla”.

Ahora, habiendo escuchado la posición del gobierno, la Sala de lo Contencioso-Administrativo no concedió la petición de la Confederación de Sindicatos al considerar que el plazo de 24 horas no era viable y en su lugar ordenó al Ministerio de Sanidad a notificar cada 15 días a ese tribunal de las medidas que va tomando para “preservar el derecho fundamental a la integridad física y el derecho a la salud de los profesionales sanitarios” y de los enfermos.

La resolución ordena que el Ministerio de Sanidad “emprenda de inmediato” las actuaciones a su alcance para conseguir la mejor distribución de los medios de protección al personal sanitario.

Además, obliga al ente de gobierno a informar quincenalmente las medidas tomadas para satisfacer la petición, información que debe incluir los medios puestos a disposición de los profesionales sanitarios, su distribución entre las comunidades autónomas y la que estas efectúen. De esta forma, el Ministerio de Sanidad queda como la autoridad encargada de recabar estos datos de las comunidades autónomas.

Para la Sala de lo Contencioso-Administrativo ahora no es el momento de valorar “si existe o no inactividad” por parte del poder ejecutivo para facilitar el material y eso se deberá determinar la sentencia definitiva sobre el caso.

Son muchos los países que están en estos momentos tratando de proporcionar todo el equipo de protección adecuado para el equipo de profesionales de la medicina, pero hay desabasto en muchas partes lo que lentifica la entrega de este material que es esencial.

Más información elpais.com

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