Desde la semana pasada el Ministerio de Justicia de España ha estado en negociaciones para diseñar un plan de regreso a actividades del poder judicial, después de cierre de las actividades clasificadas como no urgentes para evitar el contagio del coronavirus, lo que significó posponer trámites y aplazar miles de vistas que estaban programadas para estas semanas.
Para evitar una sobresaturación en los tribunales, que es previsible no solo por la detención que hay de actividades, sino por todas las nuevas acciones que se espera que sean presentadas después del confinamiento y con motivo de este, en materia laboral y civil principalmente, se ha planteado la necesidad de reformas normativas, organizativas y tecnológicas que, idealmente, deben contar con la anuencia de todos los operadores judiciales.
En este sentido, el Ministerio de Justicia trabaja en la elaboración de una ley urgente que ayude a disminuir los efectos negativos del cierre de actividades en la actividad judicial. Estas medidas deben estar listas 15 días después de que se levante el estado de alarma, conforme lo establece el real decreto-ley de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico, aprobado por el Consejo de Ministros el 31 de marzo.
Sobre las reformas, el secretario de Estado, Pablo Zapatero, declaró que serán de tres tipos: normativas, organizativas y tecnológicas. Entre las primeras, se contemplan reformas procesales urgentes vía decreto ley, aunque el gobierno asegura que estas serán los estrictamente necesario que amerite el use del decreto-ley. El decreto-ley es una ley emanada del Poder Ejecutivo en caso de extraordinaria y urgente necesidad.
La reforma plantea el implementar en el Poder Judicial el uso de las tecnologías actuales y disponer de una especie de código procesal electrónico que permita, por ejemplo, las notificaciones inmediatas con servicios de mensajería.
Respecto de la reforma organizativa se contemplarán refuerzos en las jurisdicciones en las que se prevé el mayor atasco (contencioso-administrativo, civil y social) y se debatirá la posibilidad de habilitar las tardes y el mes de agosto, una polémica propuesta que ya tiene defensores y detractores.
Además de esto, el Poder Judicial, como todos los sectores económicos y laborales, deberá resolver lo relativo a la continuación de las medidas para evitar el contagio de la enfermedad, como el establecimiento de la sana distancia que puede implicar incluso la restricción del ingreso de personas y la delimitación de los trabajadores que prestan servicios esenciales. Además, se deberá proporcionar al personal los materiales necesarios de higiene como gel desinfectante y cubrebocas.
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