Placa de Nueva Jersey

 

Los controles en las fronteras de estados y condados que se están imponiendo en algunos estados de los Estados Unidos presentan aspectos constitucionales según una demanda presentada y opiniones de la American Civil Liberties Union, ACLU.

Hasta ahora, los controles en las fronteras de los diferentes estados de la Unión Americana no impiden el paso de las personas y se han limitado a para pedir datos a los viajeros sobre el lugar en donde guardarán su confinamiento durante 14 días, advirtiéndoles que la información puede ser corroborada por la policía. Sin embargo, hay algunas regiones como los Cayos de Florida y los Bancos Externos de Carolina del Norte que sí están impidiendo el paso a quienes no son residentes habituales.

La profesora del Centro de Derecho de la Universidad Georgetown, Meryl Chertoff, declaró al Washington Post que la Constitución prohíbe a los estado discriminar en contra de los residentes foráneos si no existe una forma menos restrictiva para cumplir con un objetivo legítimo.

Explica que si los estados pudieran hacer análisis rápidos de COVID-19 a las personas que buscan entrar al estado y detectar a los enfermos, podrían prohibir legítimamente el ingreso de las personas enfermas a su territorio. “Pero al no existir esto, estos retenes son demasiado amplios e impiden el derecho de tránsito”, observó la académica.

Una demanda por impedir el paso fue presentada el 7 de abril por seis personas que residen fuera de Carolina del Norte, pero que tienen residencia de campo en los Bancos Externos, en contra del Condado de Dare por haberles impedido el ingreso a sus residencias. Esta demanda se fundamenta en la violación a la llamada cláusula de privilegios e inmunidades contemplada en el Capítulo IV, Sección 2, cláusula 1, que impide a los estados discriminar a los ciudadanos de otros estados, concediéndoles los mismos privilegios, derechos e inmunidades que a sus ciudadanos.

“Solo porque se tenga un estado de emergencia no significa que el gobierno pueda suspender todos tus derechos constitucionales”, declaró al Washington Post el abogado que representa a estos residentes, S. Chuck Kitchen.

En Rhode Island, estado que en marzo empezó deteniendo a todos los vehículos con placas de Nueva York, para luego detener a todos los vehículos con placas foráneas, el capítulo local de ACLU está considerando si no se están violando con estas acciones derechos constitucionales.

“Conforme con la Cuarta Enmienda, tener una placa del estado de Nueva York simplemente no constituye, y no puede constituir, una ‘causa probable’ para permitir a la policía a detener un vehículo e interrogar al conductor, sin importar que tan encomiable sea el objetivo de esta detención”, declaró en un comunicado del 26 de marzo Steven Brown, director ejecutivo de la citada organización.

Contrario a esta opinión, Eugene Volokh, profesor de Derecho en la Universidad de California en Los Ángeles, opina que es probable que estos controles sean constitucionales ya que “la ley desde hace tiempo ha reconocido que el estado que enfrenta un peligro real de una enfermedad contagiosa puede limitar estos derechos”.

En su opinión, ni siquiera podrían ser violatorios de la Cuarta Enmienda que prohíbe pesquisas y embargos arbitrarios. “Cuando realmente hay una epidemia y las personas de fuera del estado parecen presentar un riesgo a las personas dentro del estado, pienso que, en principio, detener a todos los vehículos en la frontera o a vehículos con placas de otro estado y probablemente ordenándoles que se pongan en cuarentena por algunos días si son foráneos, es probable que sea una pesquisa razonable”.

Son tiempos difíciles estos que estamos viviendo y las situaciones que se están presentando no se habían presentado por lo menos en un pasado reciente. Así, es probable que la interpretación de ciertas normas y leyes deba ampliarse para ajustarse a esta realidad. Aunque es probable también que sigamos aferrados a las cosas como las conocemos, sin reconocer que todo está cambiando.

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