Corte Suprema de Canadá

 

En una decisión calificada de “histórica”, la Corte Suprema de Canadá permitió que la demanda presentada por refugiados de Eritrea proceda en contra de una compañía minera a la que acusan de haber abusado de ellos mientras trabajaban en una mina en Eritrea.

La demanda fue presentada en 2014 por tres ex trabajadores de una mina ubicada en Eritrea, en el este de África, en contra de la empresa minera canadiense Nevsun Resources Ltd., con participación en la mina de cobre Bisha Mining Share Company, BMSC, operada con la empresa estatal Segen Construction que tiene el 40 por ciento de participación en esta mina.

En la demanda los trabajadores declararon haber sido reclutados por el gobierno de Eritrea para trabajar en lugar de hacer el servicio militar, y que los hicieron trabajar “largas horas sin un salario suficiente, servicios médicos adecuados, refugio apropiado ni comida suficiente”.

No es una situación novedosa. El programa del gobierno de Eritrea de servicio nacional exige que los mayores de 18 años se enlisten en el ejército o que trabajen en empresas estatales. Este programa fue señalado por Human Rights Watch, HRW, en su reporte de 2013 como violatorio de varios derechos humanos porque los conscriptos suelen ser forzados a trabajar en condiciones inhumanas y crueles y con un salario muy bajo. Los conscriptos que intentan escapar el servicio “enfrentan la prisión, tortura y otras formas de abusos de derechos humanos”, ha declarado HRW.

Según activistas, el servicio militar es una de las formas en que el gobierno opera su sistema opresivo de control que a lo largo de los años ha llevado a un 15 por ciento de la población a emigrar. Internacionalmente se suele saber muy poco de Eritrea, pero se escucha mucho de refugiados de este país, particularmente en Europa.

A la demanda de 2014 se fueron uniendo otros ex trabajadores de la mina que lograron huir de su país y que ahora son refugiados en otros países africanos o europeos. Estos trabajadores dicen haber laborado en la construcción de las instalaciones que luego usarían los empleados, ingenieros y administradores canadienses y sudafricanos, mientras ellos dormían al aire libre sin disponer siquiera de un colchón.

Uno de estos trabajadores, que se identifica como Abraham para proteger su identidad, trabajó bajo estas condiciones inhumanas cuatro años, ganando unos 15 dólares al mes. Él dice que los trabajadores canadienses conocían de las condiciones inhumanas bajo las que laboraban y que contribuían con los malos trataos, gritándoles y exigiéndoles que trabajaran más rápido.

Nevsun, que ha estado intentando desde 2014 que los tribunales canadienses desechen la demanda, se defiende diciendo que para operar la mina de cobre, oro, plata y zinc, tenían que contratar a la constructora Segen, una empresa que pertenece al Frente Popular para la Democracia y la Justicia el único partido político en Eritrea. Alegan que los trabajadores que demandan eran de Segen y no directamente contratados por ellos.

Aunque la mina sigue operando, en 2018 Nevsun vendió su participación al grupo chino Zijin Mining Group.

La decisión de la Suprema Corte de Canadá de dar luz verde a la demanda en sus tribunales, en la que los trabajadores exigen ser compensados por los abusos, fue tomada en febrero de este año. Sobre esta decisión Nevsun emitió un comunicado de prensa en el que niegan todos los alegatos hechos por los demandantes y señalan el propósito de defenderse vigorosamente en los tribunales.

Por su parte, Joe Fiorante, abogado de la firma legal de Vancouver Camp Fiorante Matthews Mogerman (CFM), señaló como histórica la decisión de la Corte porque es la primera vez que un tribunal canadiense ha decidido que una empresa pueda ser llevada a juicio por acusaciones de violación al derecho internacional.

“Es un significativo precedente que abre el camino a los tribunales canadienses para cualquier víctima de abusos a sus derechos humanos en los que una minera canadiense esté implicada”, declaró el abogado Fiorante.

Los refugiados eritreos fueron vinculados con la firma de abogados canadiense gracias a la intermediación de la organización Derechos Humanos Respecto de Eritrea, fundada por Elizabeth Chyrum en el Reino Unido. Esta activista nacida en Eritrea dice que la decisión, además del precedente legal que establece, es importante porque ha dado esperanzas a la diáspora de eritreos.

“Para las personas que no tienen caminos legales para llegar a la justicia y a las que les han sido negados los derechos humanos básicos durante todas sus vidas, este es un gran logro”, dijo Chyrum.

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