Iglesia cristiana

 

La Iglesia Metodista del Sur de África anunció que están preparando la documentación legal necesaria para presentar una solicitud de desalojo de los cientos de refugiados que viven desde el año pasado en la Misión Central Metodista en Ciudad del Cabo.

Se trata de un gran grupo de refugiados que llegaron a Ciudad del Cabo procedentes de Ruanda, Burundi, República Democrática del Congo, Somalia y Bangladesh, pidiendo a las autoridades sudafricanas que les pagaran el transporte a países de su lugar de preferencia como Estados Unidos o Canadá, en donde pedirían asilo argumentando xenofobia.

El grupo, que en un principio era de 30 personas, se instaló primero ante las oficinas del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, pero en octubre de 2019 fueron desalojados en cumplimiento de una orden judicial del Tribunal Superior de Ciudad del Cabo Occidental. Frente a esta situación, el reverendo Alan Storey de la iglesia metodista ubicada en la Plaza Greenmarket les ofreció acomodo temporal en los terrenos de la iglesia. En este momento el grupo era ya de unas 700 personas.

Desde entonces la situación se ha ido complicando. El grupo se dividió en dos bandos, con un grupo dentro de la iglesia y el otro en el terreno que rodea la iglesia. Respecto de este segundo grupo la ciudad presentó un recurso ante el Tribunal Superior pidiendo la autorización para desalojarlos debido a que incumplían diferentes reglamentos de la ciudad. No fue sino hasta principios de marzo que las autoridades pudieron empezar a mover a los refugiados, quienes, sin embargo, decidieron regresar al terreno de la iglesia solicitando que el gobierno les pagara transporte a un tercer país.

En vista de esta problemática situación y del grave deterioro de las condiciones de salud e higiene dentro y fuera de la iglesia, el reverendo Alan Storey dijo que pedirá al Tribunal Superior la orden de desalojo.

“Los motivos son los que hemos estado diciendo todo el tiempo: ha sido un riesgo para la salud y la seguridad desde el principio, que mencioné cuando la gente ya estaba allí", dijo el reverendo, asegurando que el permitir a los refugiados permanecer en el lugar implica graves riesgos a la salud y a la seguridad de todos y que eso ya no está de conformidad con la intención primaria de la iglesia cuando ofreció el refugio.

La situación se ha complicado frente a la amenaza del COVID-19 y la declaración del presidente Cyril Ramaphosa del estado nacional de desastre en el que limita las reuniones públicas a un máximo de 100 personas.

Así, al tomar la decisión de cerrar la iglesia para el culto público, el reverendo explicó que los abogados que han contratado están trabajando en la solicitud de desalojo, pero que aun no tienen fecha de audiencia. Dijo que le preocupan los refugiados frente a la enfermedad: “…Ellos están intentando la práctica del lavado frecuente de manos, etc., pero la realidad es que las condiciones dentro del santuario están maduras para que cualquier virus se disemine, sin hablar del altamente contagioso coronavirus. Como resultado de ello, se están verificando nuestros procesos legales sobre este asunto con una mayor urgencia”.

Muchos de estos refugiados y extranjeros indocumentados ya vivían en Ciudad de Cabo, pero decidieron dejar sus trabajos con la esperanza de que el gobierno accedería a sus peticiones y los enviaría al país de su preferencia.

La presencia de este gran número de personas que ha causado interrupciones a la vida rutinaria de la ciudad desde el año pasado, ha generado un debate entre los sudafricanos respecto del tratamiento que debe darse a la situación y de si desalojarlos equivale a un acto de xenofobia.

Más información allafrica.com / dailymaverick.co.za

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