Con fundamento en una ley que fue aprobada por el Senado, pero no todavía por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el gobierno de Guam ha empezado a pagar indemnización a las víctimas de la ocupación japonesa de 1941.
Guam es un país en la Micronesia en el oeste del Océano Pacífico. Pertenece a los Estados Unidos, pero no como estado libre asociado como Puerto Rico o las Islas Marianas, sino con estatus menor, ya que solo cuenta con un representante en la Cámara de Representantes, quien solo tiene derecho a voz, pero no a voto. Actualmente este representante es Michael San Nicolás.
En diciembre de 1941, el mismo día del ataque a Pearl Harbor en Hawái, Japón invadió y ocupó la isla de Guam y esa ocupación duró dos años y medio durante los cuales los habitantes fueron confinados en campos de concentración. Los guameños sufrieron trabajos forzados, torturas, violaciones, ejecuciones por decapitación, demás de que muchos niños murieron por desnutrición. Se estima que más de 1,100 personas murieron durante la ocupación japonesa.
Recuperada la isla por los Estados Unidos, en 1951 se firmó un tratado de paz con Japón en el que el país invasor quedó liberado de compensar los guameños por las atrocidades cometidas en su territorio. La obligación de compensarlos, entonces, recae en el gobierno de los Estados Unidos.
En 1945 se dispuso brevemente un plan para compensar a los locales pero exclusivamente por la pérdida de propiedades. Desde entonces y hasta 2016, Guam quedó fuera de todos los esquemas de compensación del gobierno estadunidense por la ocupación japonesa, pese a que en 2004 una comisión creada para revisar el tema de las compensaciones a Guam concluyó que el gobierno federal tenía la obligación de reparar los daños por la ocupación japonesa en parte por haber firmado el tratado de paz con Japón que impide que los guameños demanden directamente a Japón. (Pese a la existencia de estos tratados, en Corea del Sur se han estado concediendo compensaciones a quienes padecieron trabajos forzados a cargo de empresas japonesas).
En 2016 el presidente Barack Obama firmó una ley en la que se dispone el siguiente esquema de compensaciones: US$10,000 a quienes fueron desplazados o internados o escaparon del internamiento; US$12,00 a quienes padecieron trabajos forzados o lesiones personales; US$15,000 a las personas que fueron gravemente lesionadas o violadas; y, US$25,000 a los hijos, cónyuges y algunos parientes de los que fueron asesinados durante la ocupación.
Este esquema es similar en montos a los que recibieron los sobrevivientes de otros territorios ocupados por Japón. Sin embargo, es un esquema limitado ya que solo pudieron tener acceso los que estaban vivos cuando se firmó la ley y tuvieron la oportunidad de presentar la reclamación entre junio de 2017 y junio de 2018. Con estos requisitos quedaron fuera miles de personas que murieron antes así como las personas que no conocieron del plazo para presentar la reclamación.
La compensación que se ha empezado a otorgar ahora se está haciendo con dinero que forma parte del presupuesto asignado anualmente a Guam, con la confianza de que la Cámara de Representantes aprobará una iniciativa de ley presentada por Michael San Nicolás para que se asigne presupuesto adicional para pagar estas compensaciones. La iniciativa ya fue aprobada en el Senado.
Leer sobre los horrores que los sobrevivientes padecieron y presenciaron cuando eran niños deja en claro que el compensarlos con algo de dinero es apenas justo. La pregunta es por qué se hace hasta ahora y no se hizo antes, cuando muchos guameños que eran jóvenes o adultos durante la ocupación y padecieron torturas, estaban todavía vivos.
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