Billetes de euros

 

En Bélgica, el Tribunal de Cuentas está analizando las propuestas que los partidos de oposición han presentado para hacer más asequible que personas de escasos recursos tengan acceso al sistema judicial. Hasta ahora, las reformas propuestas podrían costar más de 200 millones euros.

El Tribunal de Cuentas es un órgano del gobierno creado en la Constitución, encargado de ejercer un control externo sobre las operaciones presupuestarias, contables y financieras del gobierno, así como regulaciones del presupuesto anual del país. Es un órgano que depende del Parlamento Federal de Bélgica.

La decisión de otorgar la ayuda legal es tomada por las oficinas locales de ayuda legal, controladas por las asociaciones de abogados regionales en cada uno de los 27 distritos. Cada oficina se organiza de forma independiente y determina sus propias políticas.

Una vez que se ha decidido el otorgamiento de l ayuda legal, la oficina asigna a un abogado de una lista que está conformada por abogados en entrenamiento que tienen la obligación de prestar ayuda legal durante tres años y de abogados titulados que voluntariamente se inscriben en la lista.

En 2016 la ley fue reformada para establecer los montos máximos de ingresos mensuales para tener acceso a la ayuda legal. Así, una persona soltera debe tener un ingreso neto menor a 1,026 euros al mes o de 1,317 euros si se trata de un matrimonio o familia. Un subsidio se otorga a quienes tienen ingresos de entre 1,026 y 1,317 euros al mes, si son solteros, y de entre 1,317 y 1,607 tratándose de familias.

Esta reforma introdujo el pago de un derecho administrativo de 50 euros (20 por la designación del abogado y 30 por el proceso en primera instancia) a ser pagado por todos los que solicitan la asistencia legal. El derecho se incrementa en 30 euros por el procedimiento de apelación. Se puede pedir ser exceptuado de este pago, pero se trata de un procedimiento administrativo que es muy largo.

Por estas reformas, en 2016 abogados se manifestaron en Bruselas señalando que la ley violaba el derecho a la vida digna de las personas al hacer más difícil el tener acceso a la ayuda legal, no solo por los derechos a pagar y los montos de ingreso mensual, sino por los requisitos exigidos para probar que se tiene derecho a esta ayuda.

La revisión a la ley se está haciendo ahora, con tres propuestas que se han presentado y que han sido analizadas por el Tribunal de Cuentas respecto de los costos financieros.

La propuesta menos costosa propone elevar los montos de los ingresos mensuales y que según la situación personal se determine el derecho judicial a ser pagado. Esta propuesta, conforme con el Tribunal de Cuantas, costaría unos 177 millones de euros.

La propuesta más generosa costaría 278 millones de euros y propone elevar el límite máximo de ingreso mensual de un matrimonio o familia a 2,341 euros.

En 2016 el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa aprobaron la Directiva 2016/1919 sobre la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención.

En esta Directiva, los estados miembros quedan obligados a “adoptar disposiciones prácticas relativas a la prestación de la asistencia jurídica gratuita.” Se permite a los estados miembros “aplicar una evaluación de medios económicos, una evaluación de méritos, o ambas.”

La asistencia legal gratuita, sin embargo, no solo se aplica en materia penal.

Más información brusselstimes.com /fairtrials.org / eur-lex.europa.eu

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