José María Carrasco y Ángel Hernández

 

Sin haber revisado el fondo del asunto, el Tribunal Supremo de España ha regresado a un tribunal especializado en violencia de género el caso de la asistencia al suicido que un hombre prestó el año pasado a su esposa afectada de esclerosis múltiple.

El caso se refiere a Ángel Hernández, un hombre de la tercera edad que en abril de 2019 ayudó a su esposa, María José Carrasco, a terminar con su vida. Conforme con testimonios, la mujer sufría fuertes dolores meses antes de su muerte y ya los medicamentos que le prescribían como la morfina no le ayudaban a controlar la crítica situación.

Respecto de su asistencia, Ángel Hernández dijo: "Ella no podía y yo he tenido que prestarle mi mano, ella lo quería hacer, no lo podía hacer y yo le he prestado mis manos".

Sin embargo, en España el suicidio asistido y la eutanasia es un delito. Por tal motivo las autoridades detuvieron a Ángel y la primera noche tras el fallecimiento de María José lo pasó en una celda, aunque luego salió bajo fianza. Fue imputado por un delito de cooperación al suicidio.

Su caso fue remitido a un juzgado especializado en violencia contra las mujeres, aunque la juzgadora se inhibió al considerar que la fallecida expresó a su esposo "de forma seria e inequívoca" su intención de poner fin a su vida.

La Audiencia Provincial de Madrid, sin embargo, confirmó la competencia del juzgado de Violencia sobre la Mujer para investigar el caso al considerar que faltaban pruebas para concluir que no se trata de un caso de violencia machista. Esto porque no se presentó como evidencia un video en el que María José Carrasco manifiesta su deseo de morir y el consentimiento expreso a ingerir una sustancia que pusiera fin a su vida.

Ángel Hernández recurrió la decisión ante el Tribunal Supremo, el que confirma la decisión de la Audiencia de Madrid regresando el caso al juzgado especializado, al concluir que el caso no puede ser recurrido porque la ley dispone que se pueden recurrir "los autos definitivos" cuando "supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción" o archivo, y cuando "la causa se haya dirigido contra el encausado mediante una resolución judicial que suponga una imputación fundada", requisitos que no cumple el caso de Ángel Hernandez.

La abogada del ahora viudo, Olatz Alberdi, se mostró decepcionada por la decisión y dijo que hubiera sido importante que el Tribunal Supremo concluyera que en el caso no hay violencia y que el tribunal especializado no es la jurisdicción idónea para revisar el caso.

Así la situación, el proceso continúa ante el juzgado de Violencia contra la Mujer, el que ya ha adelantado procesos en el caso y ya ha tomado declaración a varios testigos y cuenta con un informe psicosocial que indica que María José Carrasco era consciente de su voluntad y capaz de decidir.

Por lo pronto, el impulso que se ha dado a la legalización de la eutanasia en España ya ha avanzado con una iniciativa en el Congreso la que ya ha empezado el proceso legislativo. Se trata de una iniciativa que en apariencia no difiere mucho de aquellas de países como Bélgica o Países Bajos en las que se permite la eutanasia, estableciendo que podrán solicitarla todos los ciudadanos españoles o residentes en España que sufran "una enfermedad grave e incurable" o, en su caso, "crónica e invalidante", que provoque un sufrimiento "intolerable". Estos pacientes deberán "disponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico" y "las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos". La decisión deberá ser tomada por dos médicos y revisada por un organismo de control y vigilancia.

Esta iniciativa va iniciando el proceso y con el tiempo se verá si pasa todos los obstáculos que se le puedan presentar en el camino para convertirse en una disposición vigente.

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