Niño rompiendo foto de pareja

 

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia concluyó que los jueces y defensores de familia no pueden quitarles a los padres la custodia de sus hijos bajo el argumento de que se encuentran en situación de pobreza.

Así lo determinó el más alto tribunal colombiano al resolver el amparo promovido por una madre cuyos hijos habían sido declarados por un juez en condición de adoptabilidad, separándola de ellos.

En el caso, el 22 de octubre del año pasado un juez determinó que los hijos de una mujer estaban en situación de adoptabilidad. La madre interpuso un amparo en contra la decisión para que le devolvieran a sus hijos y, en caso necesario, se ordenara una vigilancia y seguimiento continuo sobre la situación en la que seguían los niños bajo su cuidado, además de que se les asignara una ayuda económica para poder contribuir en satisfacer sus necesidades básicas.

Según argumentó la madre ante la Corte Suprema, la decisión que la separó de sus hijos se debió a que en el pasado se encontraban en difíciles condiciones de vida. La madre afirmó que para poder seguir con sus niños, le ordenaron mejorar su vivienda, lo que dijo que cumplió dentro de sus posibilidades al mudarse a un mejor inmueble.

También dijo que trabaja de forma independiente con un carro de comida rápida y consiguió que otras personas le ayudaran a cuidar a los menores los días que ella salía a la calle para vender sus productos.

Pese a esto, dijo la mujer, el juez ordenó retirarle a los niños porque consideró que los avances eran menores y, según manifestó, el juzgado hizo "afirmaciones prejuiciosas por su condición socioeconómica".

La Defensoría de Familia se opuso a las peticiones de la mujer afirmando que si le retiraron a los niños fue pensando en el interés superior de los menores, pues la madre no había logrado demostrar que las condiciones que llevaron a la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hubieran cambiado.

Al resolver la Corte Suprema a favor de la madre, aseguró que la ley establece que los niños, niñas y adolescentes sólo podrán ser separados de su familia cuando ese núcleo familiar no garantice las condiciones para la realización y el ejercicio de sus derechos, pero además que la propia ley señala que "en ningún caso la condición económica de la familia podrá dar lugar a la separación".

Para el alto tribunal, los juzgados y defensores de familia deben valorar los esfuerzos que hacen los padres que se encuentran en una situación económica difícil para poder mejorar su condición, así como su voluntad de querer cuidar a sus hijos.

Además, la Corte asegura que las autoridades no pueden tomar decisiones bajo prejuicios, ya sea por el pasado de una persona, por su trabajo o su condición de víctima desplazada y tampoco pueden medir a los padres con parámetros de bienestar inalcanzables.

Para la Corte, los jueces no pueden "basarse en apariencias, preconceptos o prejuicios; en otras palabras, cualquier medida de restablecimiento debe fundamentarse en evidencia y criterios objetivos". El alto tribunal también dijo que la posibilidad de separar a los hijos de la familia debe ser excepcional, preferiblemente temporal y basarse en evidencia objetiva de que la familia no es apta para cumplir con las funciones básicas. En conclusión, la separación de los hijos "no pueden basarse únicamente en la carencia de recursos económicos de la familia.

La Sala Civil de la Corte destaca que el juez censuró "con basta inclemencia" no sólo el pasado de la mujer en cuanto a su sexualidad, sino el número de hijos que ella ha procreado, así como la situación de pobreza que ella enfrenta y con base en esas calificaciones, el juez y la Defensoría de Familia concluyeron que la mujer no tenía las condiciones socioeconómicas indicadas para mantenerlos.

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