Puño cerrado y mujer al fondo

 

Una mujer que durante 17 años vivió maltrato y abuso sexual de parte de un acosador en Canadá, sin que la policía de su país actuara para protegerla, recibió asilo en los Estados Unidos bajo la Convención en contra de la tortura y actos crueles y degradantes.

El caso se refiere a Rachel, pseudónimo con que es identificada la víctima de esta inusitada situación. Tiene más de 50 años y vive en algún lugar de los Estados Unidos bajo una identidad diferente a la que tuvo en Canadá y que, pese a que su acosador no puede entrar a los Estados Unidos, sigue viviendo con miedo de que él la encuentre y esta vez sí pueda matarla.

La larga historia de maltrato y abuso que Rachel expuso ante el juez en los Estados Unidos cuando solicitó el asilo, empezó cuando tenía veintitantos años y cantaba en un bar. Ahí la vio su acosador y desde ese momento no dejó de perseguirla pese a los repetidos rechazos. Este sujeto, miembro de una banda de delincuentes, averiguó dónde vivía con su pequeño hijo y una noche entró a su casa, la violó repetidamente a punta de cuchillo, sosteniendo una almohada en su cara para evitar que sus gritos despertaran al niño. Por esa horrible situación Rachel entregó al niño con su padre y eventualmente renunció a su custodia para poder protegerlo.

Sin importar a dónde se fuera, su acosador siempre la encontró y cada vez que la encontraba la golpeaba y violaba. La obligó a prostituirse e incluso la forzó a hacer un casting de una película para adultos. Cuando ella quedó embarazada de él y no quiso abortar, él volvió a golpearla salvajemente.

Varias veces ella denunció los hechos a la policía, pero la policía no hizo nada para protegerla. Estando en el hospital víctima de una brutal golpiza, dice que al prestar declaración, las autoridades no quisieron saber del pasado violento, de cómo la había perseguido y forzado en su vida, y como respuesta lo acompañaron fuera de la ciudad con la petición de que no regresara. Por supuesto, él regresó, la localizó y el maltrato y los abusos siguieron.

Durante 17 años ella fue víctima del abuso de su acosador y de las autoridades que, pese a la situación, nunca lo imputaron y nunca presentaron cargos en su contra por violar las órdenes de restricción que tenía para acercarse a ella. Desesperada por esta situación decidió buscar asilo en los Estados Unidos.

Asesorada por dos estudiante de Derecho y su profesor, que tomaron su caso como un proyecto escolar, Rachel presentó su caso ante el juez de inmigración de los Estados Unidos Kenneth Josephson, quien concluyó que la violencia doméstica constituye persecución. “"Si el gobierno no puede o no quiere controlar la persecución, no importa quién la inflija".

En su decisión, el juez hizo notar que ella intentó más de 30 veces obtener ayuda de la policía y que estuvo en más de una docena de casas de ayuda a mujeres maltratadas tanto en Canadá como en Estados Unidos. “No se le proporcionó una asistencia significativa”, señaló el juez.

“Obviamente, Canadá es un país democrático, de primer mundo”, dijo el juez. “Si bien es raro que un ciudadano de Canadá busque asilo, no es rato que tenga reclamos presentados sobre las bases de violencia doméstica”.

Según cifras del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, entre 2003 y 2006, de las 276 solicitudes de asilo de canadienses, solo se concedieron 79. Las razones para concederlo, sin embargo, no son registradas, así que se desconoce cuántos de estos casos fueron por violencia doméstica.

Actualmente Rachel vive en la línea de la pobreza, dependiendo de un subsidio que el gobierno estadunidense le entrega. No puede hacer uso de sus certificados de estudios porque fueron expedidos en Canadá con su nombre original y tampoco puede tener acceso a los beneficios de seguridad social y al sistema de pensiones a los que contribuyó mientras estuvo trabajando en Canadá.

En Canadá, el cambio de nombre y de actas de nacimiento es un trámite provincial, mientras que los números de seguridad social y el acceso a pensiones es asunto federal. Cada cambio necesita una solicitud diferente y estas solicitudes cuestan dinero que Rachel no tiene.

Además enfrenta otro problema. Cuando estaba adolescente defraudó 2,000 dólares canadienses de una compañía telefónica. Como castigo se le impusieron nueve meses de prisión suspendida, 200 horas de trabajo comunitario y el reembolso del dinero. Porque no pudo cumplir con todo, un juez negó la suspensión de este registro y el cambio de nombre implica un problema por este antecedente penal.

Interesante notar que por haber defraudado los 2,000 dólares, Rachel recibió una sentencia tres veces mayor que la sentencia que su agresor recibió por casi haberla matado.

Esta mujer ha pedido ayuda a las diferentes autoridades administrativas de su país para tener acceso a sus planes de seguridad social, pero las respuestas que ha recibido han sido negativas. Quizá con la publicidad que está teniendo su caso algún funcionario de alto rango se conduela de su situación y decida finalmente ayudarla.

Por lo pronto ella no puede regresar a Canadá ni de visita, porque de hacerlo las autoridades migratorias de los Estados Unidos podrían negarle el regreso por violar los términos del asilo concedido.

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