Yerevan, Armenia

 

El gobierno de Turquía condenó el 13 de febrero la resolución del Parlamento sirio en el que reconocen los eventos de 1915 en Armenia, durante la era Otomana, como un genocidio.

Los hechos empezaron el 24 de abril de 1915 con la deportación forzosa y el exterminio de entre un millón y medio y dos millones de civiles a manos de integrantes del Imperio Otomano, que precedió al establecimiento de la moderna Turquía.

Armenia y otros países, como Francia y, ahora, Siria, se refieren a los hechos como un genocidio, lo que es negado por Turquía para quien no se trató de un plan de exterminio masivo, sistemático y premeditado dispuesto por el estado otomano, sino como el asesinato de cientos de miles de kurdos y musulmanes turcos durante la invasión de Rusia a su territorio.

“La resolución del Parlamento del régimen sirio de hoy que reconoce los incidentes de 1915 como un genocidio es un siniestro ejemplo en sí misma”, se lee en una declaración del vocero del Ministerio del Exterior de Turquía, Hami Aksoy.

“Es la imagen de la hipocresía de un régimen que se ha entregado a todo tipo de carnicería hacia su propia gente, incluidos niños, durante años y que ha causado el desplazamiento de millones de ellos y bien conocido por su destreza en el uso de armas químicas”.

En el comunicado también se lee: “La implicación de estas afirmaciones infundadas por parte de un régimen cruel que ha perdido su legitimidad internacional, es un claro indicador de la mentalidad retorcida que se esconde detrás de ella”.

El 24 de abril de 2014, en el 99 aniversario del genocidio, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan pronunció un discurso considerado histórico en el que ofreció sus condolencias a los armenios por las muertes masivas, en lo que llamó “un dolor compartido”.

Francia es otro de los países que reconoce el genocidio armenio y en donde desde el 2001 existe una ley que reconoce que los hechos ocurridos en el este de Turquía en 1915 como tal. En 2011 la Asamblea Nacional aprobó una ley que castigaba la negación del genocidio armenio con un máximo de hasta un año en prisión y una multa de hasta 45,000 euros, equiparada a la ley que castiga también penalmente la negación del Holocausto.

Esta ley, sin embargo, fue recurrida y en febrero de 2012 la Corte Constitucional falló en su contra al considerar que sancionar a cualquiera que rete la existencia de actos que los legisladores han considerado o calificado como crímenes, es una violación a la libertad de expresión.

Este episodio de la historia es un tema delicado entre Turquía y Armenia, países que hasta el 2009 decidieron firmar un acuerdo de paz que preveía la creación de un comité de expertos internacionales que revisara estos hechos de la historia, el restablecimiento de lazos diplomáticos y la apertura del comercio entre ambas naciones. Sin embargo en 2010 Armenia suspendió la ratificación del acuerdo.

Más información hurriyetdailynews.com

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