Persona con celular

 

La semana pasada Apple acordó pagar una multa de 25 millones de euros (27,4 millones de dólares) por no informar a los usuarios que las actualizaciones de software en los modelos de iPhone más antiguos podrían ralentizar el dispositivos.

Le Parisien informó que esta sanción por “práctica de marketing engañosa por omisión” es la multa más alta por fraude jamás impuesta por el organismo de control del consumidor.

El asunto inició hace dos años, después de que los usuarios de los iPhone 6, SE o 7 sufrieron una desaceleración en el funcionamiento de sus equipos a partir de la actualización de su sistema operativo iOS en el transcurso de 2017. Algunos de los consumidores tuvieron que cambiar las baterías o incluso comprar un nuevo dispositivo.

A partir de una denuncia presentada por la asociación Alto a la Obsolescencia Programada (HOP, Halt à l'obsolescence programmée), la Dirección General de Competencia, Consumo y Prevención del Fraude (DGCCRF) realizó una investigación y concluyó que: “Los consumidores deberían haber sido informados del riesgo. Esta falta de información del consumidor constituye una práctica comercial engañosa por omisión".

"Los propietarios de iPhone no fueron informados de que la instalación de actualizaciones de iOS (10.2.1 y 11.2) podría ralentizar sus dispositivos", dijo la agencia en un comunicado.

"Esta es una victoria histórica contra las escandalosas prácticas de bienes listos para la basura, tanto para los consumidores como para el medio ambiente", dijeron a la AFP los cofundadores de HOP Laëtitia Vasseur y Samuel Sauvage.

En un comunicado Apple dijo: “Nuestro objetivo siempre ha sido crear productos seguros que sean apreciados por nuestros clientes; y hacer que el iPhone dure el mayor tiempo posible es una parte importante. Estamos contentos con este resultado con el DGCCRF", especifica el gigante estadounidense, que también se disculpó a fines de 2017 y ofreció a sus clientes propietarios de iPhone 6 grandes descuentos en baterías.

Inicialmente, la queja presentada por HOP se basó en el delito de obsolescencia planificada. Porque según la asociación, "todo fue orquestado para obligar a los consumidores a renovar sus teléfonos inteligentes", afirmó en ese momento la delegada general de la asociación, Laëtitia Vasseur. Sin embargo, señaló que aunque "la falta de información tuvo un impacto en la durabilidad del dispositivo, nuestra investigación no destacó la obsolescencia planificada en el sentido legal".

Además, en el caso no se otorga compensación a quienes sido "víctimas" de este "engaño por omisión" de Apple. "En este caso preciso, es difícil definir el daño individual y estimar el impacto financiero", especifica el jefe de gabinete, Loïc Tanguy.

Por su parte HOP, a la que se habían acercado aproximadamente "15,000 personas que se enfrenatron con este problema de actualizaciones", se reserva el derecho de considerar acciones civiles para obtener una compensación.

Más información leparisien.fr

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