Mujer golpeada

 

En la Facultad de Derecho James E. Rogers de la Universidad de Arizona, Estados Unidos, inició un programa piloto de dos años para capacitar a no abogados para que puedan proporcionar cierta asistencia legal en materia civil en casos de violencia familiar y procurar que más personas tengan acceso a la justicia.

Se trata de un proyecto que está administrado por la organización Innovation for Justice Program que se enfoca en temas de acceso a la justicia y cómo la tecnología y la innovación pueden ayudar. El proyecto fue ideado y diseñado por la abogada y catedrática Stacy Butler, un grupo de estudiantes, un expresidente de la barra local de abogado y un juez de lo familiar retirado.

La Universidad de Arizona fundamenta el inicio de esta programa piloto en cifras proporcionadas por Legal Services Corp que muestran que en los Estados Unidos el 97 por ciento de los sobrevivientes de violencia doméstica de bajos ingresos tienen asuntos civiles, pero que solo el 23 por ciento de ellos busca ayuda legal. Además, el Departamento de Servicios de Salud de Arizona declara que uno o más niños son testigos de violencia doméstica cada 44 minutos.

Los egresados de este programa tendrán una licenciatura como defensores legales (legal advocates) y podrán prestar orientación en asuntos como órdenes de protección, trámites de divorcio y custodia de los hijos en casos derivados de violencia doméstica.

Para tener acceso al curso, los aspirantes deben tener un grado de bachillerato y por lo menos 2,000 horas de trabajo como defensor legal lego (lay legal advocate), que son las personas que pueden dar información general sobre formas legales y procedimientos de la corte en casos derivados de violencia doméstica, pero que no pueden proporcionar asesoría legal). Por este requisitos, los primeros en inscribirse al programa serán los que trabajan en la organización del centro de emergencias del sur de Arizona en materia de violencia doméstica, quienes realizan el trabajo de lay legal advocates.

Además de proporcionar asesoría legal, se trata de que en los casos que necesiten ser presentados ante los tribunales, los clientes se representen a sí mismos, pero que los defensores legales tengan un asiento como asesores.

De confirmarse el proyecto, los egresados del programa tendrán que asistir a cursos continuos de capacitación.

Por tratarse de un mejor acceso a la justicia, el proyecto piloto parte de una recomendación realizada por un grupo de trabajo a la Suprema Corte de Arizona, en la que se sugiere eliminar la regla 5.4 de las Reglas de Conducta Profesional que rigen la conducta y actuación de los abogados colegiados en Arizona, según la cual no pueden asociarse con no abogados para la práctica del Derecho. El análisis de esta recomendación por la Corte Suprema del estado está previsto a realizarse el mes de agosto y de eliminarse o relajarse la disposición, la labor de los defensores legales se facilitaría al poder asociarse con abogados en los casos civiles de violencia doméstica.

Sobre la capacitación de no abogados en un tema social de primordial importancia como la violencia doméstica, la vicepresidente de la Arizona Bar Foundation, Ann A. Scott Timmer, dijo: “Estamos a favor de dar luz verde a proyectos piloto que están cuidadosamente construidos para cerrar la brecha en los servicios de justicia civil que al mismo tiempo aseguran que la población está protegida de servicios poco profesionales o fraudulentos”.

La Arizona Bar Foundation, creada por la Barra de Abogados del estado, tiene la misión de promover el acceso a la justicia de todos los habitantes del estado.

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