Café, periódico, lentes

 

El Tribunal Constitucional de España notificó esta semana una sentencia en la que solicita al Ministerio del Interior permitir que los reos penitenciarios ofrezcan entrevistas, un derecho que suele ser coartado por la dependencia que regula y administra las prisiones, Instituciones Penitenciarias.

Se trata de una decisión en la que el máximo tribunal reconoce el derecho de información de la prensa para dar voz a los internos y de la ciudadanía a conocer sus opiniones y críticas al sistema penitenciario.

El caso fue promovido hace tres años por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), derivado de la entrevista que un periodista de eldiario.es hizo a un interno condenado a 58 años de prisión por robos y lesiones en una cárcel de Córdoba, sobre el trato recibido en la institución. El periodista se presentó como amigo del reo, pero cuando la entrevista fue publicada, el interno fue sancionado.

Eventualmente la sanción al reo fue revertida por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Córdoba, pero la APDHA aprovechó el caso para pedir por escrito que le concedieran la entrevista, petición que fue rechazada con el argumento de que no existía motivación para concederla ni garantía de que se mantuviera la seguridad del centro.

Llevada esta negativa a las instancias judiciales, tanto el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria como la Audiencia de Córdoba confirmaron la respuesta de Instituciones Penitenciarias, razón por la cual el asunto llegó al Tribunal Constitucional.

Para esta última instancia, el haber negado la entrevista es una “censura previa” y establece que “el control previo de contenidos no está amparado constitucionalmente”.

Del análisis del caso se desprendió que no existe un protocolo establecido para que Instituciones Penitenciarias conceda o niegue estas entrevistas.

“El silencio legal [por la falta de regulación para entrevistas] no puede entenderse como libertad para restringir a su antojo esos derechos, sino todo lo contrario, como una falta de habilitación para restringirlos”, se lee en la sentencia. De esta forma, para denegar una entrevista no basta con alegar que hay peligro “para la seguridad y el buen orden del centro”, sino que la negativa debe estar "motivada de manera suficiente y razonable".

Así, el tribunal concluye que “las resoluciones que limiten los derechos de los reclusos, aparte de respetar los límites constituciones y legales, deberán estar motivadas de manera suficiente y razonable” y en este caso no hubo motivación suficiente y razonable.

Difiriendo de las instancias inferiores, el Tribunal Constitucional concluye que al haberse negado al reo en Córdoba la entrevista solicitada, se vulneraron sus derechos “a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión”.

Conocida la sentencia, la Asociación de la Prensa de Sevilla declaró que el fallo consagra tres derechos fundamentales: la libertad de expresión de los presos, la libertad de información veraz de los periodistas y el derecho de la ciudadanía a recibir la información e ideas por cualquier persona. Comunicaron, además, que propondrán a la Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE) que presente un recurso al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre las ruedas de prensa sin preguntas y el veto a periodistas y medios de comunicación por parte de funcionarios públicos.

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