Carabineros lanzando agua con químicos

 

La Corte Suprema de Justicia de Chile confirmó por unanimidad la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que concedió el amparo al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para que los Carabineros se abstengan de hacer uso de químicos mezclados con agua como medio disuasivo contra las protestas.

El INDH denunció que el 14 de noviembre de 2018 las Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile trataron de disolver una manifestación que recordaba el primer aniversario de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, con un carro lanza-aguas que arrojaba un líquido amarillo que provocaba quemaduras y vómito a los manifestantes.

El organismo argumentó que ese actuar de los Carabineros es ilegal y arbitrario, pues sus procedimientos atentan, violan y vulneran los tratados internacionales ratificados en Chile, junto con las garantías constitucionales garantizadas por la Carta Fundamental, especialmente, el derecho a la libertad personal y/o seguridad individual consagrado en el artículo 19 N° 7 de la Constitución de ese país, ya que el uso de la fuerza es injustificado y desproporcionado, lo que afectó la integridad personal de los amparados.

Por su parte, la Dirección Nacional de Orden y Seguridad informó que en esas manifestaciones el personal policial sufrió ataques directos y violentos de parte de un grupo de encapuchados, con quienes se intentó dialogar para que la disuasión surtiera efecto, pero no se logró ningún resultado.

Agregó que, el uso del carro lanza-aguas en dicha manifestación fue porque los manifestantes iniciaron un incendio en un negocio local, y se usó para colaborar con los bomberos. Finalmente, aseguraron que el uso del elemento disuasivo siempre se realizó en cumplimiento de los protocolos establecidos, agotando todas las instancias de dialogo con los amparados.

La Corte de Apelaciones de Concepción consideró que la mezcla de agua con gas lacrimógeno empleada para dispersar manifestaciones “carece de toda regulación” y que se desconocen cuáles son los efectos que dicha mezcla provoca en el ser humano.

Además, el tribunal estableció que ni siquiera existe una proporción estandarizada para disolver el gas lacrimógeno en el agua y que tampoco se encuentra establecido quién es el funcionario encargado de elaborar la mezcla, ni el grado de capacitación que posee, por lo que “resulta evidente la falta de protocolización del elemento disuasivo".

De esta manera, la Corte de Apelaciones acogió la acción por estimar que el proceder de carabineros vulneró garantías constitucionales de las personas y ordenó a la VIII zona del Biobío a abstenerse de emplear sustancias químicas para restablecer el orden público mientras no cuenten con un protocolo predeterminado y aprobado por la autoridad de salud pública competente.

No conforme con la decisión, la autoridad apeló la decisión, pero el alto tribunal confirmó la sentencia apelada.

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