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Un tribunal de La Haya, Países Bajos, falló este miércoles a favor de un grupo de demandantes que se quejó del sistema del gobierno para detectar fraudes, conocido como SyRI, e implementado en 2014.

El sistema encuentra su fundamento en la Ley de Organización de Implementación de Trabajo e Ingresos y es usado por cuatro dependencias de gobierno. Se trata de un algoritmo diseñado para prevenir fraudes cometidos en los sectores de vivienda o de programas de seguridad social, entre otros.

El Sistema de Indicación de Riesgos, SyRI, está definido como el instrumento legal que el gobierno utiliza para prevenir y combatir el fraude en el campo de la seguridad social y los esquemas relacionados con los ingresos, las contribuciones fiscales y de la seguridad social y las leyes laborales.

Se trata de un algoritmo que vincula a las organizaciones de gobierno y elabora perfiles de riesgos basados en los perfiles de personas que ya fueron atrapadas cometiendo un fraude a la seguridad social. A partir de esta información, busca en los registros a personas con un perfil de riesgo similar a quienes termina listando como potenciales defraudadores sobre los que se inicia una investigación.

La demanda en contra del sistema fue presentada por organizaciones protectoras de los derechos humanos y derechos civiles así como por dos personas físicas, coadyuvados por el Movimiento de Comercio Neerlandés de la Federación, argumentando que el sistema arroja como posibles defraudadores a personas ordinarias, haciéndolas sospechosas sin razón.

Se trata de un esquema que también fue criticado por el abogado Philip G. Alston, Relator Especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, concluyendo que se trata de un sistema que discrimina a las personas con poco dinero y que pertenecen a minorías.

En la decisión de este miércoles, el tribunal concluyó que la ley que crea SyRI es violatoria del artículo 8 de la Convención Europea de los Derechos Humanos que protege la vida privada y familiar de las personas, sus domicilios y su correspondencia, además de que la información que maneja puede tener, “sin intención”, efectos discriminatorios o de estigmatización.

De esta forma, se concluye que no hay un balance justo entre el bienestar económico que se busca proteger con el sistema evitando el fraude al estado y la protección a la vida privada porque la ley es poco clara e insuficientemente transparente, por lo que el estado debe buscar otros mecanismos para lograr el objetivo, sin violar el derecho a la privacidad de los ciudadanos.

El tribunal concluye que el secreto con que es administrado el sistema presenta un problema adicional porque lo hace difícil de controlar y monitorear. Esta falta de transparencia complica la defensa de una persona en contra del informe de riesgos que se haya realizado respecto a ella. Esta misma falta de transparencia hizo difícil que los jueces pudieran corroborar las aseveraciones del gobierno respecto del funcionamiento del sistema.

Mediante esta sentencia, el estado queda condenado también al pago de los costos de los procedimientos estimados hasta la fecha en que se dictó sentencia en 3,250.51 euros, cifra que se incrementará con el interés legal hasta el día del pago completo.

Se trata de una sentencia de primera instancia.

Más información dutchnews.nl / nltimes.nl

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