La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que inició funciones en octubre del año pasado, quiere tener un cuerpo de policía judicial que apoye a los magistrados en sus investigaciones sobre los congresistas que están vinculados a procesos penales.
Esta Sala, conformada por seis magistrados, fue creada como parte de la fórmula para que se reconociera el derecho de los aforados (funcionarios públicos que cuentan con fuero) a una doble instancia judicial. La Sala inició con 516 procesos contra reconocidos políticos de Colombia.
Los magistrados cuentan con un grupo de peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que se encarga de cumplir sus órdenes en materia de recolección de información, práctica de pruebas, análisis de interceptaciones telefónicas y demás labores de policía judicial, incluyendo la detención de personas.
La Fiscalía señaló que cerca de cien personas de la CTI atienden en forma exclusiva las solicitudes de la Corte Suprema en el marco de sus investigaciones.
Según diario EL TIEMPO, desde hace varios meses entre la Sala de Instrucción de la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia se vienen dando conversaciones tendientes a analizar la viabilidad de que la Corte tenga su propio cuerpo de investigación, para tener mayor autonomía y control sobre los procedimientos que se hacen en las investigaciones que cada magistrado lleva.
Ya existe un borrador de una iniciativa al respecto, que tendría que ser discutida y aprobada en el Congreso de Colombia.
Según fuentes de la Corte, por ahora no se está contemplando tener laboratorios de criminalística, puesto que el presupuesto sería más alto. Hasta el momento, la conversación ha girado solo en torno a un órgano de policía judicial.
En Colombia, constitucionalmente corresponde a la Corte Suprema de Justicia investigar los delitos que cometan aquellos que cuentan con fuero, y la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal es la que se encarga de investigar y acusar ante la Sala de Primera Instancia de la misma Sala Penal. En resumen, todo el proceso penal en contra de altos funcionarios se lleva en la Corte Suprema.
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