Persona sin hogar

 

Al negarse la Suprema Corte de los Estados Unidos a revisar una decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos que declaró inconstitucionales disposiciones que criminalizan a los indigentes por acampar o dormir, el alto tribunal ratificó la protección  a este grupo social.

El Alto Tribunal se negó a revisar la apelación interpuesta por Los Ángeles, California y Boise, Idaho, para que se revisara la decisión en la que el panel de jueces del Tribunal del Noveno Circuito confirmó que la “Octava Enmienda prohíbe al Estado castigar un acto o condición involuntario si es la consecuencia inevitable del propio estado o condición”.

La ordenanza municipal del condado de Los Ángeles (L.A.M.C.) sección 41.18 cataloga como criminales a las personas que vivan o duerman en los espacios públicos de la ciudad o cerca de ellos. Sin embargo, esta ley fue limitada por un juez federal alegando que no se puede criminalizar a una persona que no tenga dónde vivir. La decisión limitó a las autoridades locales a hacer cumplir la ley bajo circunstancias especiales.

Aquellos que se oponen a esta ordenanza presentaron un documento que destaca la crisis de indigencia en Estados Unidos, que indica que más de medio millón de estadounidenses se quedan sin hogar cada noche en ese país. El 35 por ciento se encuentra durmiendo sin protección en las calles, como en aceras, parques, automóviles y edificios abandonados. Además, también encontró que los índices de personas indigentes sin refugio son más altos en ciudades de la costa oeste como San Francisco y Los Ángeles.

De acuerdo con un reporte de junio de 2019, hay más de 58,936 personas sin hogar en la ciudad de Los Ángeles. Sin embargo, sólo hay alrededor de 8,100 camas de refugio públicos y más de la mitad de esas camas están reservadas para familias con niños.

Esto deja alrededor de 4,000 camas para adultos solteros, quienes constituyen la mayor parte de la población sin hogar.

Entre la población sin hogar el factor clave de su condición son los bajos salarios que no se ajustan a la par del aumento del costo de vida. Además, las estadísticas destacan un aumento del 24% en los jóvenes sin hogar, definido como personas menores de 25 años, y un aumento del 7% en las personas mayores de 62 años. Así mismo, las autoridades estiman que un 29% de la población sin vivienda tienen una enfermedad mental o están lidiando con problemas de drogas.

En el caso de Boise, sus representantes argumentaron que la decisión de la Corte del Noveno Circuito esencialmente creó un “derecho constitucional de facto a vivir en las aceras y en los parques”.

También argumentaba que los campamentos públicos generan “crimen y violencia, enfermedades incubadas, y crean peligros ambientales que amenazan la vida y el bienestar tanto de los que viven en las calles como del público en general” a la vez que favorecerlos amenaza disposiciones de las ciudades en materia de salud y seguridad pública.

Las apelaciones fueron apoyadas por muchos estados, ciudades y asociaciones que presentaron escritos de amigos de la corte advirtiendo sobre las consecuencias del fallo de la Corte del Noveno Circuito, pero la Suprema Corte no atendió sus argumentos.

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