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La Corte Constitucional de Austria concluyó el 11 de diciembre pasado que algunos de los artículos de una ley de vigilancia conocida como “Caballo de Troya” son ilegales porque los poderes previstos en la ley representaban una "grave violación del derecho a la privacidad".

La ley de vigilancia fue aprobada durante el pasado gobierno de Sebastián Kurz que con su partido político Partido Popular Austriaco, ÖVP, decidió formar coalición con el Partido de la Libertad de Austria, FPÖ, de extrema derecha, habiendo gobernado el país europeo de diciembre de 2017 a mayo de 2019.

Durante este gobierno se aprobó la mencionada ley de vigilancia según la cual las autoridades quedaban autorizadas para leer mensajes en línea de los ciudadanos en plataformas como WhatsApp o Messenger, mediante el uso de troyanos, un malware que se presenta al usuario como un programa aparentemente legítimo e inofensivo, pero que, al ejecutarlo, le brinda a un atacante acceso remoto al equipo infectado. Cuando la ley se aprobó, las autoridades aseguraron que solo harían uso de estas facultades en casos sospechosos de extremada gravedad.

La ley, que estaba previsto que iniciara su vigencia en abril de 2020, fue recurrida por el partido neoliberal NEOS y por el Partido Social Demócrata, SPÖ.

Lo magistrados de la Corte Constitucional de Austria concluyeron que el tipo de vigilancia establecida en la ley solo estaría justificado “en restringidas circunstancias con la finalidad de proteger importantes derechos legales”, concluyendo que la ley como está redactada excede de estos límites legales.

Para la Corte, otras medidas establecidas en la ley como la que permite la grabación automática de las placas de circulación de los vehículos son inconstitucionales.

Mientras la decisión fue bien recibida por parlamentarios del NEOS, como Niki Scherak para quien el veredicto es una “brillante victoria de la libertad” que evitó “un ataque frontal al estado liberal constitucional”, para los miembros del FPÖ la decisión representa “un día de celebración para el crimen organizado y el extremismo terrorista”, según declaró Herbert Kickl, quien era ministro del Interior cuando la ley en cuestión fua aprobada. Puntos de vista.

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