Tribunal Supremo Argentina

 

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires pidió el “uso racional” de la prisión preventiva y recordó a los jueces que hay otras alternativas al envío de una persona a un centro de reclusión.

En su acuerdo, el alto tribunal alertó que las condiciones de los presos “tienden a agravarse en función de la elevada tasa de detenidos, el uso inadecuado de la prisión preventiva, las modificaciones en el Código Penal y las leyes procesales y las dificultades en el régimen de progresividad de ejecución de la pena, siendo todo ello susceptible de generar responsabilidad internacional del Estado argentino”.

En esa línea, recordaron a jueces y tribunales “la absoluta prohibición de alojamiento de menores, personas enfermas y mujeres embarazadas en dependencias policiales” y requirió al Poder Ejecutivo, a través del área pertinente, “que arbitre lo necesario para el cumplimiento de esta previsión”.

“Reiterar, una vez más, la importancia del uso racional de la prisión preventiva, el uso de medidas alternativas o morigeradoras de la prisión preventiva, excarcelación extraordinaria y en su caso del sistema de monitoreo electrónico, para los supuestos en que pudieren razonablemente tener lugar, de conformidad con las leyes vigentes”, resaltó el máximo tribunal.

La Suprema Corte también solicitó “promover a través del Poder Ejecutivo el alojamiento de los detenidos en unidades penitenciarias federales o de otras provincias, a cuyo efecto se deberán suscribir e implementar los convenios que fueren necesarios para el universo de población que no recibe visitas, o si esa reubicación pudiere favorecer un mejor acercamiento familiar”.

La Corte adoptó estas medidas luego de un informe que le presentó en octubre el Tribunal de Casación Penal, donde se alertó sobre la apremiante problemática de la población carcelaria, que asciende a 48,827 personas que, según el máximo tribunal, “sobrepasan holgadamente las plazas disponibles” y llevó a que desde el 5 de diciembre se iniciara una huelga de hambre en varios penales en forma pacífica.

La decisión también tiene  como marco una huelga de hambre histórica de más de 10,000 presos de la provincia, que se encuentran detenidos en 30 cárceles. Los detenidos se quejan por la mayor sobrepoblación de la historia de las celdas del país, 113% en las cárceles y 160% en las comisarías de acuerdo a datos oficiales de mediados de este año, lo que tribunales bonaerenses y organismos de derechos humanos como el CELS, la Comisión Provincial de la Memoria y la CIDH no dudaron en llamar una crisis humanitaria.

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