Detonación de bomba en 1946

 

Sin dar mayores explicaciones sobre las razones, el Tribunal Superior de Takamatsu, Japón, confirmó este jueves la decisión de una corte de distrito de no conceder compensación a los pescadores que demandaron al gobierno japonés por haber ocultado información sobre los niveles de radiación después de la detonación de la bomba de hidrógeno por los Estados Unidos en el Atolón de Bikini en 1954.

La demanda fue presentada originalmente por 45 personas, pescadores o familiares de pescadores, en la Corte de Distrito de Kochi, en contra del gobierno japonés por haberles ocultado importante información sobre su exposición a la radiación derivado de las pruebas atómicas conducidas por los Estados Unidos en el atolón de Bikini en las islas Marshall en el Océano Pacífico, en 1954.

Los demandantes, la mayoría de ellos de la prefectura de Kochi, formaban parte de la tripulación de una embarcación que se encontraba por la zona de la detonación el 1 de marzo de 1954, cuando se condujo el ensayo llamado Castle Bravo, uno de los 23 ensayos nucleares conducidos en la zona. A diferencia de los tripulantes de la embarcación japonesa Fukuryu Maru No. 5, conocida también como Lucky Dragon, a estos pescadores no se les hicieron evaluaciones médicas para medir su exposición a la radicación. Veintitrés tripulantes del Fukuryu Maru fallecieron dentro de los seis meses siguientes a la detonación de la bomba de hidrógeno con una fuerza 1,000 veces mayor a la de la bomba detonada en Hiroshima en 1945.

En la demandase acusaba al gobierno japonés de no haber revelado oportunamente la información relativa a la exposición a niveles de radiación e incluso haber negado durante décadas la existencia de esta información, ya que no fue sino hasta septiembre de 2015 que los ministerios de salud, del trabajo y de bienestar social abrieron esta información tras la constante presión de una organización civil de Kochi.

El año pasado la Corte de Distrito de Kochi resolvió en contra de los demandantes citando varias razones, entre ellas que ya había expirado el plazo de 20 años concedido para solicitaran la compensación con fundamento en Código Civil.

Este jueves, el juez presidente del Tribunal Superior de Takamatsu, Takahisa Masuda, dije que es “irreconocible que el gobierno haya decidido ocultar los registros”, pero que "sería difícil dar alivio judicial mediante reclamos de compensación, y no tenemos más remedio que poner esperanzas en las consideraciones de los órganos legislativos y administrativos" y negó la pretensión de los pescadores de ser compensados con 42 millones de yenes, unos 385,000 dólares estadunidenses.

La decisión fue decepcionante para los 29 demandantes que presentaron la apelación. Declararon que, debido a la avanzada edad de algunos de los reclamantes, tendrán que considerar si es prudente presentar apelación ante la Suprema Corte.

Esta misma semana se reveló que la bomba detonada el 25 de julio de 1946 en el atolón Bikini, la quinta explosión de una bomba nuclear y la primera bajo el agua, dejó un cráter que sigue siendo visible, así como los restos de las embarcaciones que se dejaron a propósito para simular lo que sucedería en una guerra nuclear.

Las consecuencias de estos ensayos nucleares se siguen viviendo en las Islas Marshall y en el océano por la contaminación, pero el mundo, en lugar de haber aprendido de estas experiencias y seguir con el desarme nuclear, ha decidido mirar a otro lado y reanudar la carrera armamentista como se ha denunciado en los últimos años.

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