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Como parte del proceso que se sigue por la imputación del homicidio de un joven aborigen a un oficial de la policía en un tribunal del Territorio Norte de Australia, la comunidad a la que pertenecía el muchacho se ha opuesto a que el proceso se traslade a la capital del estado, a unos 1,500 km de distancia.

Se trata del homicidio de Kumanjayi Walker de 19 años, de la etnia Warlpiri, ocurrido en Yuendumu, una localidad a unos 300 km de Alice Springs, lugar en donde se abrió el proceso en contra del oficial de la policía Zachary Rolfe. La muerte ocurrió el pasado 9 de noviembre y el policía fue formalmente imputado por homicidio el 13 de noviembre.

Este miércoles, los abogados de la defensa presentaron una moción al tribunal de Alice Springs para trasladar el proceso a la capital del Territorio Norte, Darwin, localizada a unos 1,500 km de distancia.

Un comité de justicia de la comunidad, conocido como Warlpiri Parumpurru, se opuso al traslado del proceso mediante una demostración pacífica afuera del tribunal, argumentado que haría más difícil a la familia de Kumanjayi Walker asistir al proceso.

“Como están las cosas, habiendo movido el proceso a Alice Springs cuando ocurrió el Yuendumu, ya coloca una pesada carga en los miembros de la comunidad”, declaró Ned Hargraves, presidente del Warlpiri Parumpurru. “Siempre nos dejan fuera de las cosas. Kardiya [personas no indígenas] siempre están tomando decisiones por nosotros.

“Darwin es demasiado lejos de nuestro país para que las personas viajen y no respeta los deseos de los Warlpiri”, concluyó el líder indígena.

Para la comunidad, el proceso judicial forma parte importante de su proceso para sanar como lo mencionó Samara Fernandez-Brown, prima de la víctima. “Si nos quitan eso [el proceso] sería muy, muy doloroso”.

En Australia, como en Estados Unidos o Canadá, la relación del gobierno con los aborígenes es una situación muy complicada pues es un sector de la población altamente marginado. Por ejemplo, en 2013 se publicaron los resultados sobre un alarmante estudio en materia de justicia penal para los aborígenes que puso de relieve esta marginalización y pobreza. Y pese a que muchos de ellos participaron como soldados australianos en conflictos armados, no se les reconocieron sus derechos civiles a la hora de ser recompensados como veteranos de guerra.

Desde hace varios años se ha ventilado la posibilidad de efectuar un referéndum para proponer la inclusión del reconocimiento de los derechos de los indígenas en la Constitución Australiana. Sin embargo, este ejercicio que es el medio para reformar la Constitución, ha sido pospuesto por lo que a la fecha los derechos de este grupo social siguen sin estar expresamente reconocidos en la máxima ley australiana.

Cuando en 2007 la Declaración de los Derechos de las Personas Indígenas fue aprobada por la ONU, cuatro países votaron en contra. Así, al lado de los Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda, Australia votó en contra de la resolución que adoptó la Declaración. En 2009, sin embargo, el gobierno emitió una declaración de aceptación, aunque, como ya se señaló, en realidad poco se ha hecho para reconocer y garantizar estos derechos.

El homicidio de Kumanjayi Walker ganó la atención nacional. Ya veremos sin embargo si con las difíciles situaciones medio ambientales que se viven en la región más poblada del país, Nueva Gales del Sur, los habitantes siguen ejerciendo presión para que se respeten los derechos de los indígenas australianos, por lo menos en este proceso.

Más información smh.co.au / amnesty.org.au

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