Árboles quemados

 

Este miércoles, abogados y grupos de derechos humanos de Brasil presentaron ante la Corte Penal Internacional, CPI, una nota informativa en la que piden a la fiscal que investigue al presidente Jair Bolsonaro por actos de genocidio en contra de los indígenas de ese país.

Para nadie es secreto lo que el presidente brasileño opina de los indígenas y lenguaje peyorativo y abusivo que desde la campaña para la presidencia ha utilizado para referirse a las diferentes comunidades nativas, llegándolos a comparar con animales en zoológicos o con hombres prehistóricos. Sin embargo, tras haber asumido la presidencia, numerosos actos de gobierno se han dirigido hacia estas comunidades para sacarlos de sus tierras y entregarlas para la ganadería o para la extracción de minerales. Incluso se asegura que muchos de los incendios del Amazonas fueron provocados para sacar de sus tierras a diferentes comunidades originarias.

La petición para que la CPI investigue la situación fue presentada por el Colectivo de Abogados en Derechos Humanos, CADHu y la Comisión para los Derechos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns, Comisión Arns, formada por “20 personalidades del mundo de la política, juristas, académicos, intelectuales, periodistas y activistas sociales de diferentes generaciones, cuyo denominador común ha sido la defensa permanente de los derechos humanos. El grupo actúa de manera voluntaria y apartidista junto con miles de defensores de los derechos humanos en todo el país”, según se lee en su sitio web.

En el documento entregado este miércoles en la oficina de la fiscal de CPI, Fatou Bensouda, se solicita un “investigación preliminar de incitación al genocidio y ataques sistemáticos generalizados contra los pueblos indígenas" cometidos por el gobierno de Jair Bolsonaro.

En este documento se señala que Bolsonaro ataca el estilo de vida tradicional indígena porque “obstaculizan los planes de desarrollo nacional que el presidente intenta promover a través de proyectos de infraestructura, empresas mineras, explotación forestal y de agronegocios en regiones forestales”.

Como resultado de estas políticas, “las condiciones y estilos de vida de los indígenas están siendo destruidos por contaminación de ríos e invasión de sus tierras por mineros ilegales, madereros y acaparadores de tierras”, se lee en petición, haciendo notar el reciente incremento del 29 por ciento en la deforestación anual, la tasa más alta de la década. Cuando estas cifras devastadoras se dieron a conocer Bolsonaro declaró que los incendios en el Amazonas y la deforestación son culturales y que nunca desparecerán.

En la preparación del documento entregado a la CPI, los abogados analizaron 33 comentarios y decisiones del presidente, incluyendo el despido de 21 de los 27 superintendentes de la agencia de protección ambiental Ibama y sus esfuerzos por debilitar el Funai que es el organismo de gobierno encargado de la protección de las más de 300 comunidades indígenas.

“Las acciones, palabras y omisiones de Bolsonaro sobre derechos ambientales en Brasil bien pueden ser categorizados como ataques a su población civil”, exponen los abogados que redactaron el documento.

Los colectivos declararon que están presentando esta solicitud para que la CPI actúe en contra de su país porque consideran que es una situación de emergencia: “Creemos que hay elementos que tipifican el genocidio”, declaró a los medios José Carlos Días presidente de la Comisión Arns y quien fungió como ministro de Justicia bajo el gobierno del presidente de derecha Fernando Henrique Cardoso.

“Es muy triste ver que el presidente de Brasil enfrente este proceso, pero es necesario para proteger los derechos de nuestra gente”, aseguró Días. “Las medidas que el gobierno está tomando me recuerdan a las medidas tomadas en la dictadura”.

Por su parte, Eloísa Machado, profesora de Derecho Constitucional en la Fundación de Sao Paulo Getúlio Vargas e integrante del CADHu dijo que han optado por acudir a un tribunal internacional porque una denuncia presentada en Brasil sería investigada por un fiscal elegido por Bolsonaro. “Nuestro sistema judicial nacional no es capaz de una investigación independiente e imparcial del presidente Jair Messias Bolsonaro”, declaró la catedrática.

Conforme con el Estatuto de Roma, el documento que da origen a la CPI, recibida la nota informativa, la fiscal Fatou Bensouda empezará a recabar información de diferentes fuentes como el gobierno de Brasil y organizaciones no gubernamentales para decidir si hay elementos suficientes para solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares permiso para iniciar una investigación formal que pudiera llevar a la presentación de cargos. Así, se trata de un procedimiento que tomará años incluso, por lo que la supervivencia de las comunidades indígenas de Brasil no puede depender de esta acción cuya resolución, quizá, pueda llegar muy tarde para ellos.

Más información theguardian.com

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