Manos tras las rejas

 

El martes de esta semana, ante la Corte de Distrito de Tokio un hombre kurdo ingresado en un centro de detención presentó una demanda en contra del gobierno de Japón al que acusa de haberle negado tratamiento por cáncer de forma oportuna.

Se trata de un hombre de nacionalidad turca de 26 años que llegó a Japón en 2012 huyendo de la persecución del gobierno de Turquía y que desde 2016 ha estado ingresado en el Centro de Control de Inmigración del Este de Japón, localizado en Ushiku, prefectura de Ibaraki. Está pidiendo asilo al temer que de ser deportado a Turquía podría ser procesado por su origen kurdo.

En la demanda, este inmigrante pide una compensación de 8 millones yenes, US$73,000, por los daños que la negativa de salir del centro de detención para ver a un médico le ocasionaron.

“Me quejé de dolor severo varias veces cada día, pero ellos no respondieron a mi protesta”, explicó el hombre en conferencia de prensa sostenida después de haber presentado la demanda.

En la documentación legal se explica que después de haberse quejado varias veces de dolor abdominal, fue revisado en mayo por un médico en el centro de detención, quien dijo que el paciente debía ser revisado por otro médico a fuera del centro porque no podía identificar la enfermedad. Las autoridades, sin embargo, se negaron a permitirle la salida para visitar a otro médico, hasta que en agosto, movido por la desesperación inició una huelga de hambre que llevó a que las autoridades le permitieran la salida temporal el 5 de septiembre.

En esa visita médica le detectaron cáncer testicular y fue operado el mismo mes de septiembre.

Conocida la demanda, la Agencia de Servicios de Inmigración declaró que la revisarán para responder lo conducente.

Un día después de que se presentara esta demanda, la Federación de Asociaciones de Abogados de Japón presentó un reporte en el que señalan que las detenciones de inmigrantes en los centro de detención durante largos periodos de tiempo son violatorios de los derechos humanos.

La declaración se dio en torno de las investigaciones al Centro de Detención de Omura, en la prefectura de Nagasaki, propiciadas por la muerte de un detenido nigeriano que había estado ingresado desde 2016. El nigeriano inició una huelga de hambre para protestar por su larga detención.

Según cifras de la Agencia de Servicios de Inmigración, hasta junio de este año en todos los centros de detención habían ingresadas 1,253 personas de las cuales 679 han estado detenidas más de seis meses. La mayor detención registrada hasta el 1 de agosto de este año duró 1,575 días, 4.32 años.

“Creemos que la detención (en centro de inmigración) es solamente para el propósito de enviar a esas personas de regreso a sus países”, dijo durante rueda de prensa Shinya Tsuji, miembro de la Federación de Asociaciones de Abogados. “Internamientos de largo plazo sobrepasan ese propósito inicial, por lo que podemos concluir que es una infracción a los derechos humanos”.

La Federación de Asociaciones de Abogados de Japón investigó sobre este asunto debido a la petición que presentaron 37 inmigrantes varones de 16 diferentes países detenidos en el centro de Omura y que han estado ingresados durante largo tiempo sin liberaciones temporales. Los miembros de la Federación encontraron, tras haber entrevistado a estos hombres, que muchos de ellos padecen depresión, insomnio y otras enfermedades.

Cada país establece el tiempo máximo de detención de inmigrantes ilegales por lo que la duración varía de una legislación a otra. Japón, sin embargo, no ha fijado un límite máximo y por esos se dan casos como el del kurdo que presentó al demanda y el nigeriano que falleció que han estado detenidos durante tres años.

Más información japantimes.co.jp / news.abs-cbn.com

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