Adolescente en la oscuridad

 

El gobierno de Justin Trudeau en Canadá presentó este lunes una apelación a la decisión del pasado mes de septiembre de la Corte de Derechos Humanos de compensar a los niños indígenas o de naciones originarias que indebidamente fueron separados de sus familias desde 2006 y a sus padres.

En la mencionada decisión, la Corte concluyó que el gobierno federal de Canadá “deliberada e imprudentemente” discriminó a los niños indígenas que viven en las reservas al no haber financiado adecuadamente los servicios para niños y familias. Se trata de una demanda presentada desde 2007 y que incluía a familias separadas desde 1991.

En esta decisión el tribunal ordenó al gobierno federal a compensar con 40,000 dólares canadienses a cada niño que desde 2006 sufrió la separación y una cantidad semejante a sus padres o tutores, concediendo hasta el 10 de diciembre como fecha para establecer la forma en que se harán estas compensaciones.

La Asamblea de Naciones Originarias estima que 54,000 niños y sus padres cumplen los requisitos para ser compensados.

Al presentar la apelación, el gobierno canadiense señala que el tiempo concedido hasta el 10 de diciembre es muy corto y que cumplir ese plazo se complicó debido a las elecciones de octubre. Pero además, justifica que prefiere compensar a todos al llegar a un acuerdo con quienes presentaron en marzo una segunda acción colectiva, en el caso que se conoce como Xavier Moushoom and Jeremy Measwasige v. The Attorney General of Canada.

Xavier Moushoom es un hombre de la etnia Algonquin que entre los 9 años y los 18 estuvo en 14 hogares de acogida, sin saber hasta el momento las razones por las que fue separado de su familia y por qué le negaron contacto son su hermano y con su familia.

Posteriormente se adicionó a esta acción colectiva Jeremy Measwasige de la nación Pictou Landing en Nueva Escocia, de 25 años, quien padece parálisis cerebral y autismo y ha estado luchando por el financiamiento del gobierno para adecuados servicios esenciales.

Esta acción colectiva incluye a todos los niños de naciones originarias que fueron ingresados al sistema de servicios sociales de forma incorrecta entre el 1 de abril de 1991 y el 1 de marzo de 2019, pidiendo una adjudicación de 6 mil millones de dólares como compensación. Esta cantidad fue modificada pues originalmente se solicitaba la mitad.

La mañana del lunes los ministros de asuntos indígenas y de justicia de Canadá, Marc Miller y David Lametti, declararon que Canadá “coincide en que es por demás justo y equitativo compensar a los niños de las Naciones Originarias que han sido impactados negativamente por las políticas de la infancia y familia”, pero que presentan la apelación para que se incluyan a todos los afectados desde 1991 y que prefieren que las compensaciones sean el resultado de las negociaciones con los abogados de quienes representan los intereses de la acción colectiva presentada en marzo de este año. “Lo que debemos hacer es buscar una aproximación que proporcione una justa y equitativa resolución”.

La decisión, sin embargo, generó numerosas críticas negativas al gobierno de Justin Trudeau al que acusan de seguir imponiendo esas políticas dañinas en lugar de tratar de lograr la reconciliación, un tema la que se comprometió desde su primer término como mandatario.

“[Las autoridades] han estado luchando esto desde 2006, así que son 14 años en que el gobierno voluntaria y negligentemente ha estado eligiendo la economía y finanzas sobre las vidas de niños y sus familias”, dijo Dawn Johnson durante una manifestación en Vancouver este fin de semana.

“Han tenido suficiente tiempo para cesar la discriminación y han canalizado miles de millones de dólares en llevar a niños indígenas a los tribunales y corregir esto. Necesitan cesar la discriminación ahora. Necesitan compensar”, concluyó Dawn Johnson quien también fue separada de su familia y pasó su infancia perdida en el sistema de servicios sociales.

Esta es una petición diferente a la que se hizo y concedió respecto de lo que se conoce como 60’s scoop una política ocurrida entre 1965 y 1984 por la que niños indígenas fueron separados de sus hogares y colocados en hogares no aborígenes por los servicios de asistencia social canadienses, lo que tuvo como resultado la separación de miles de niños de sus hogares indígenas que perdieron su identidad cultural.

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