Periodico y lentes

 

El titular del juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, España, ha citado como investigados a una docena de periodistas de cadena SER, RTVE, ABC, La Vanguardia, El Mundo, El Confidencial y El Español, por informar sobre el sumario de siete miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) en Cataluña,  cuando estaba clasificado como secreto en la Audiencia Nacional.

El sumario o instrucción, es una etapa del proceso penal, anterior al juicio, durante la cual se realiza la investigación judicial de un presunto delito y las personas que se presumen responsables del mismo.

Después del otoño de 2017, tras la frustrada proclamación de la república catalana, se abrió proceso contra diversas personas como políticos y líderes sociales, por ser miembros de grupos independentistas.

Entre ellos se encuentran siete miembros de los CDR, grupos independentistas radicales surgidos en toda Cataluña para facilitar la celebración del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, y que luego se han atribuido la misión de convertir a esa comunidad autónoma en un Estado independiente.

Los periodistas divulgaron el 28 de septiembre parte del resultado de la investigación en contra de miembros del Equipo de Respuesta Táctica (ERT) de los CDR en la que se concluyó que almacenaban material para elaborar explosivos y tenían planes para realizar atentados, por lo que se les detuvo acusándoles de terrorismo, rebelión y tenencia de explosivos, cuando aún se encontraba en reserva el expediente.

La defensa de los supuestos miembros de CDR solicitó a la fiscalía se investigara lo que ellos llamaron “la filtración masiva” de información sobre la investigación, a pesar de que en ese momento estaba en secreto sumario de la Audiencia Nacional, por lo que no podía revelarse el contenido de la misma.

La defensa solicitó que se investigue si la filtración provino de la Guardia Civil o la Fiscalía, destacando que al haberse decretado el secreto del sumario ellos no tenían "el más mínimo conocimiento de los hechos" y solo conocían la imputación provisional que se atribuía a sus defendidos, mientras los medios habían publicado de forma "exhaustiva" los autos, incluidos vídeos de la Guardia Civil sobre los registros practicados.

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha rechazado la citación judicial a los periodistas porque "quienes tienen que guardar silencio son los funcionarios y no los periodistas, cuyo deber es difundir información veraz y contrastada sobre asuntos de interés público".

La Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) ha expresado su "sorpresa y absoluto rechazo" a la citación porque "pone en entredicho el valor constitucional de la libertad de prensa y sobre todo el del derecho a la información, del que son titulares todos los ciudadanos". Acijur muestra su sorpresa por el hecho de que a la hora de investigar una presunta filtración, la autoridad judicial cite a declarar a periodistas en calidad de investigados y no de testigos, "como parecería más lógico".

Conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España, las diligencias practicadas en el sumario son reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral. Sólo pueden ser conocidas por las partes, lo que supone que nadie más puede conocer su contenido. Si el abogado o procurador de cualquiera de las partes u otra persona, que no siendo funcionario público, revelan indebidamente el contenido del sumario, se les aplica una multa. Esto incluye a la prensa y otros medios de comunicación, que, contrario a lo que se piensa, no tienen autorizado el acceso libre y directo al sumario. La multa aplicable va de 500 a 10,000 euros.

Así, aunque los periodistas consideren que al final, cuando el expediente se hizo público, se reveló que se trataba de una información cierta y veraz, ellos violaron la ley.

Lo más es que los periodistas se acojan al secreto profesional, reconocido en el artículo 20.1.d) de la Constitución española, y no revelen la identidad de su fuente, se queden con su multa o la impugnen, apoyándose en el criterio del Tribunal Constitucional a favor de la información veraz y de interés público.

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