Sala de sesiones del Knesset

 

El jueves de la semana pasada, el fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, anunció su intención formal de presentar acusación por tres delitos de corrupción y sobornos en contra del todavía primer ministro del país, Benjamín Netanyahu.

Se trata de una historia larga que la fiscalía israelí lleva investigando tres años. Finalmente se ha optado por no imputar a Sara, esposa del primer ministro, pero por presentar en contra de Netanyahu tres acusaciones por haber recibido regalos ilegales y por haber negociado con medios de comunicación reglamentos que les benefician a cambio de cobertura positiva en las noticias.

Ahora bien, pese a que en el pasado mucho se han discutido y ventilado las posibles acusaciones, fue hasta la semana pasada que el fiscal general decidió que presentará los cargos ante la Corte de Distrito de Jerusalén, tribunal que por disposición de ley es el que tiene jurisdicción tratándose de acusaciones en contra del primer ministro.

Pese a la decisión del fiscal Mandelblit, la presentación de las acusaciones, en el mejor de los casos, podría hacerse hasta abril o mayo del próximo año. Esto porque el fiscal primero debe notificar al presidente del Knesset la decisión de presentar las acusaciones, a partir de lo cual el primer ministro tiene 30 días para solicitar a ese órgano legislativo inmunidad procedimental.

Hasta 2005 la ley concedía inmunidad automática a los miembros del Knesset. Con las reformas se les concede inmunidad funcional respecto de posibles delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, pero la inmunidad procedimental debe ser otorgada por mayoría de votos. Esta procede respecto de delitos comunes como homicidio, violación y, como es el caso, corrupción.

La situación actual es que no se ha formado gobierno y como no hay un gobierno establecido no está funcionando el Comité de la Cámara del Knesset que es el que tiene la facultad de recibir la solicitud de inmunidad y decidir si, conforme a la ley, procede concederla o no.

Todo parece indicar que no se formará gobierno y que se procederá a nuevas elecciones, que serían las terceras en menos de 12 meses, las cuales serían convocadas para el próximo mes de marzo. Suponiendo que se logre formar gobierno por el partido ganador y que este sea el de Netanyahu, hay un periodo de dos meses más o menos para que tome posesión, así que en le mejor de los casos, con la Comisión de la Cámara funcionando, en abril o mayo de 2020 el fiscal podría presentar la notificación y Netanyahu, como primer ministro en funciones, pedir la inmunidad.

Una vez que se ha solicitado la inmunidad, los miembros del Knesset deberán votar si la conceden o no. Así, la ley dispone cuatro casos en que procede otorgar la inmunidad:

  1. El presunto delito se cometió en el cumplimiento de los deberes parlamentarios.
  2. La acusación se presentó de “mala fe”.
  3. El supuesto delito se cometió en el edificio del Knesset y dentro de este órgano legislativo ya se está resolviendo el asunto.
  4. La imputación podría “causar daño real al funcionamiento actual del Knesset o a alguno de sus comités, o a la representación del electorado, y no llevar a cabo ese procedimiento, tomando en cuenta la gravedad del delito o su naturaleza o circunstancias, no causaría daño significativo al interés público”.

Como se aprecia, se trata de razones muy ambiguas (mala fe, interés público) que permiten que se tome la decisión con base a afinidades o alianzas políticas.

Suponiendo que la inmunidad sea otorgada, las imputaciones solo podrían ser presentadas al día siguiente de que Netanyahu deje el cargo de primer ministro, por lo que podría pasar año antes de que ello suceda.

La realidad, sin embargo, se irá construyendo en el día a día porque no existe el antecedente de un primer ministro en funciones imputado y será el Tribunal Superior el que vaya interpretando la ley conforme se vayan presentando los casos.

Por lo pronto, académicos y expertos coinciden en señalar que a Benjamín Netanyahu se le podría exigir desde ahora que deje los cuatro ministerios que retiene. Sucede que además de ser primer ministro es ministro de agricultura, salud, asuntos sociales y asuntos de la diáspora. Esto porque la ley dispone que un ministro no puede seguir en funciones si se ha presentado acusación penal en su contra.

Por otro lado, desde ahora los muchos opositores a Benjamín Netanyahu han estado pidiendo que renuncie. Esta petición puede llevarse al Tribunal Superior para que decida si procede o no la renuncia del primer ministro, ya que, como se señaló con anterioridad, no hay antecedente de un caso semejante.

Se trata de una situación legal interesante que tiene a los expertos en derecho israelí debatiendo lo que pudiera proceder, cómo y según cuál o cuáles fundamentos. Pero lo que es una situación excitante para los abogados y expertos en derecho, ciertamente no lo es para el todavía primer ministro que ha arremetido en contra de la ley, la justicia y las instituciones de su país, en un intento de mantenerse a flote en el cargo mientras ve que, posiblemente, su carrera política esté llegando a su fin.

Más información timesofisrael.com

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