Corte Penal Interncional

 

Este 14 de noviembre, la Corte Penal Internacional, CPI, autorizó a la fiscal Fatou Bensouda a proceder con la investigación de presuntos crímenes contra la humanidad, particularmente la deportación, cometidos en lo que se denomina la “situación Bangladesh/Myanmar” respecto de la etnia rohingya.

La decisión fue entregada por la Sala III de Cuestiones Preliminares en respuesta a la petición presentada por la fiscalía el pasado 4 de julio para iniciar investigaciones sobre presuntos crímenes cometidos en contra personas de la etnia rohingya en Myanmar.

Los rohingya son una etnia de musulmanes que habita en el estado de Rakhine en Myanmar, antes Birmania, y que desde 2016 han sufrido graves persecuciones por parte del ejército birmano. De esta forma, se estima que 1.1 millones de rohingya vivían en Rakhine cuando en octubre de 2016 el ejército de Myanmar empezó con operaciones en su contra bajo el argumento de que no son nacionales y que se trata de inmigrantes de Bangladesh. Así, iniciaron actos de persecución que llevó a la muerte de muchos de ellos, a la destrucción de sus propiedades y posesiones y, eventualmente, al desplazamiento de más de 500,000 de ellos hacia Bangladesh, en datos conservadores.

Si bien Myanmar no es signatario del Estatuto de Roma, documento que da origen a la CPI, Bangladesh lo es desde 2010, por lo que la Sala dispuso lo siguiente: “Tras la revisión de la información disponible, la Sala aceptó que existe una base razonable para creer que se han cometido actos de violencia generalizados y/o sistemáticos que podrían calificarse como crímenes contra la humanidad de deportación a través de la frontera entre Myanmar y Bangladesh y persecución por motivos de etnia y/o religión contra la población rohingya. La Sala no encontró la necesidad de evaluar si se pudieron haber cometido otros delitos dentro de la jurisdicción de la Corte, a pesar de que dichos presuntos delitos podrían ser parte de la futura investigación de la Fiscal.”

Por la escala de los presuntos delitos y el número de víctimas, la Sala consideró que la situación claramente se puede considerar grave. Lo anterior porque conforme con el material de apoyo, un estimado de entre 600,000 y un millón de rohingya fueron desplazados de Myanmar a Bangladesh como resultado de actos de fuerza. Habiendo escuchado testimonio de presuntas víctimas, la Sala está de acuerdo con la fiscalía que de que no existen razones sustanciales para creer que una investigación de la situación no sería en interés de la justicia.

En el comunicado de prensa emitido sobre la decisión de la Sala se hace saber que “se autoriza el inicio de la investigación en relación con cualquier delito, incluidos delitos futuros, siempre y cuando: a) estén dentro de la jurisdicción de la Corte, b) presumiblemente se hayan cometido por lo menos en parte del territorio de Bangladesh o en el territorio de cualquier otro Estado Miembro o estado que acepte la jurisdicción de la CPI, c) estén suficientemente vinculados a la situación como es descrita en la presenta decisión, y, d) presuntamente se hayan cometido en o después de la fecha de entrada en vigor del Estatuto de Roma en Bangladesh o en otro Estado Miembro relevante”.

Con esta autorización, ahora la fiscalía tiene a su disposición todos los recursos necesarios para recolectar evidencia sobre los presuntos delitos o crímenes, en una investigación que no tiene plazo de terminación. Si la fiscalía considera que tiene suficiente evidencia para establecer la responsabilidad penal en personas específicas, presentará solicitud a los jueces de la Sala III de Cuestiones Preliminares para emitir citaciones para comparecer u órdenes de arresto, cuyo cumplimiento es obligación de los Estados Miembros.

Cabe recordar que esta misma semana Gambia presentó un recurso ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, para investigar a Myanmar por el incumplimiento de la Convención de 1948 para la prevención y sanción del delito de genocidio.

Así, ya hay dos frentes abiertos respecto de una situación alarmante de la que mucho se ha denunciado, pero poco se ha hecho. Esperemos que la siguiente investigación se abra respecto de los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Yemen.

Más información icc-cpi.int

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