Knesset, Israel

 

El caso de las muy posibles imputaciones formales en contra del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por diferentes actos de corrupción, ha tomado una nueva vertiente con declaraciones hechas en tribuna por el actual ministro de Justicia que podrían llevar al ex vocero de Netanyahu a presentar denuncia y una demanda civil en su contra y del hijo del primer ministro, Yair Netanyahu.

El ex vocero del primer ministro es Nir Hefetz quien ahora es testigo del estado en los casos de corrupción y sobornos, particularmente en el más grave de ellos, el caso clasificado como 4000 en el que la fiscalía señala que el primer ministro tomó decisiones reglamentarias que beneficiaron al accionista controlador de la compañía de telecomunicaciones Bezeq, Shaul Elovitch, a cambio de una cobertura positiva del sitio de noticias Walla, propiedad de Elovitch. En este caso, Netanyahu está acusado de soborno.

El miércoles 6 de noviembre, desde la tribuna del Knesset, poder legislativo, el ministro de Justicia, Amir Ohana acusó a la policía de haber usado tácticas ilegales en contra de Nir Hefetz para que testificara en contra de Netanyahu y que para ello habían arreglado el encuentro con una mujer para presionar a Hefetz a hablar, implicando un posible amorío extramarital. Poco después de la intervención de Amir Omaha en tribuna, Yair Netanyahu tuiteó sobre estas declaraciones

El problema es que un tribunal emitió una orden para mantener bajo reserva esta información por lo que nadie, ni los miembros del Knesset, pueden (o podían) referirse públicamente a ellas.

Amir Ohana y Yair Netanyahu infringieron esa orden por lo que el abogado de Hefetz dijo a los medios que pedirán al fiscal general Avichai Mandeblit que inicien investigación penal en contra del ministro Ohana.

“También nos estamos reservando el derecho de actuar en el campo civil en contra del ministro y de otra persona que se aseguró de hacer eco de sus palabras con una coordinación asombrosa”, declaró a una televisora local el abogado Ilan Sofer, posiblemente refiriéndose al joven Netanyahu.

La demanda civil podría ser por calumnias o difamación, pues Hefetz ha dicho que las declaraciones de Ohana fueron una invasión a su vida privada.

Los miembros del Parlamento, cabe señalar, gozan de inmunidad para ser perseguidos por ciertos delitos y podría considerarse que el infringir una orden judicial podría ser un delito por el que se recibe inmunidad. Sobre el particular un asesor legal del Knesset dijo que la inmunidad podría no cubrir cuando la orden judicial ha sido infringida de forma premeditada, como lo hizo el ministro Ohana. Se trata de una opinión de la que hasta el momento ningún tribunal se ha pronunciado. En contra de las demandas civiles no existen tal inmunidad.

Con las declaraciones del ministro de Justicia la orden judicial de reserva deja de tener sentido pues ahora esa información puede ser libremente publicada por los medios pues la Ley Fundamental del estado de Israel dispone que todos los debates del Knesset sean públicos y que la información ahí vertida pueda ser libremente publicada.

Todo parece indicar que en las próximas semanas el fiscal general Mandeblit presentará acusación formal en contra del primer ministro por tres casos de corrupción y sobornos. En el caso 4000 antes descrito, al parecer Hefetz ha proporcionado información fundamental para la fiscalía pues presuntamente fue mediador en las negociaciones entre Netanyahu y las partes involucradas.

Benjamín Netanyhau ha negado sistemáticamente haber actuado de forma incorrecta y las declaraciones de su ministro en contra de Hefetz podrían ser un indicativo de la estrategia de la defensa de reforzar acusaciones que han hecho en contra de la fiscalía y de pedir que se declare a Hefetz como un testigo poco confiable.

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