Bebé llorando

 

El fiscal general del estado de Utah, Estados Unidos, Sean Reyes, anunció esta semana la imputación a un funcionario electo del condado de Maricopa, Estados Unidos, por tráfico de personas en un esquema ilegal de adopciones que implican mujeres de las Islas Marshall.

Se trata Paul Petersen, asesor del condado de Maricopa, y quien ha sido imputado en los estados de Utah, Arizona y Arkansas por varios cargos entre ellos tráfico de personas, venta de infantes, fraude, falsificación y conspiración para cometer lavado de dinero. Se trata de cargos de actos cometidos en un periodo de 3 años y que implican unas 75 adopciones.

El fiscal Reyes explicó que la red de Petersen iniciaba con la contratación de mujeres en las Islas Marshall para el reclutamiento de embarazadas a quienes convencían de entregar a sus hijos en adopción cambio de US$10,000. Las Islas Marshall, en Oceanía, están bajo administración de los Estados Unidos de forma semejante a Puerto Rico, por esta razón sus ciudadanos pueden entrar a los Estados Unidos y trabajar en el país sin necesidad de una visa.

De esta forma, las embarazadas llegaban a casas de Petersen en Arizona, Utah y Arkansas donde aplicaban a los beneficios del seguro de Medicaid y esperaban a tener al bebe para entregarlo en adopción. Una vez que parían, regresaban a Islas Marshall o las mandaban a Arkansas, estado que tiene la mayor concentración de inmigrantes marshaleses en los Estados Unidos.

Para atender a las mujeres respecto de su alimentación, aplicación a Medicaid, consultas médicas y ayuda en trámites legales como notarización de documentos, Petersen contrataba mujeres marshalesas.

Por adopción, Petersen, abogado de profesión, cobraba a los padres honorarios de entre 25,000 y 40,000 dólares, de tal forma que, según las autoridades, ingresó a la cuenta bancaria que ponía a disposición de los papás adoptivos unos 2.7 millones de dólares en menos dos años.

La investigación fue activada, entre otras, por la denuncia del “influjo” de partos de mujeres marshalesas en hospitales de Salt Lake City y ciudades cercanas en Utah, y que daban a sus bebés en adopción. Todas las mujeres eran acompañadas por una misma mujer que en una ocasión dijo a un trabajador social que iba a Islas Marshall a reclutar embarazadas para dar a sus bebés en adopción.

“Muchas de estas madres describen su experiencia como ser tratadas como propiedad”, declaró el fiscal en conferencia de prensa en Salt Lake City. “No se equivoquen: este caso es la forma más pura de tráfico de personas”.

Además del tráfico de personas y la “mercantilización de infantes” Petersen está acusado de haber defraudado al estado de Arizona por lo menos 800,000 dólares por el registro de las mujeres a los beneficios de Medicaid mintiendo respecto de sus intenciones de quedarse en el estado, requisito para otorgar el seguro médico.

Por su parte, el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, aseguró que los padres que adoptaron con la mediación de Petersen no tienen nada que temer porque ellos y las mujeres fueron víctimas de este hombre. “Nadie va a retroceder para rehacer las adopciones ni otro tipo de situación semejante”, reclacó el fiscal.

Por su parte, el abogado de Petersen, Matthew Long, ha rebatido las imputaciones a su cliente y aseguró en la audiencia de presentación que se efectuó el jueves en un tribunal de Phoenix, Arizona, que los actos de su defendido son “prácticas comerciales apropiadas”.

Antes de ser funcionario de Maricopa, Petersen fue reclutado por la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días para prestar servicio durante dos años en las Islas Marshall. Por su presunta fluidez en marshalés, en 2013, mientras era estudiante de la carrera de Derecho, fue reclutado por una agencia de adopción para trabajar con ellos.

Por las adopciones, Petersen ya había tenido problemas. En 2016 un tribunal en Arizona negó la adopción de un bebé nacido de una marshalesa argumentando que el arreglo para la adopción pudiera ser violatorio de las leyes de Islas Marshall. En apelaciones la decisión se revirtió porque el tribunal señaló que en la adopción no debía ser ponderada la ley marshalesa.

Más información azdailysun.com

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