Alzacuellos de sacerdote

 

La iglesia católica, la denominación religiosa más grande de Australia, ha manifestado su desacuerdo con el fiscal general Christian Porter por la redacción de una iniciativa de ley en materia de libertad religiosa que el gobierno pretende pasar antes de que acabe el año.

Para la iglesia católica australiana, que se ha visto imbuida en un fuerte escándalo por la condena del cardenal George Pell por abuso sexual, la iniciativa de ley no asegura su libertad religiosa al no permitirle la flexibilidad que necesita para contratar y despedir personal que comulgue con su fe y sus dogmas.

El meollo principal parece radicar en que la iniciativa de ley de libertad religiosa no establece que las iglesias están por encima de las leyes en contra de la discriminación, salvo por lo que se refiere al estado de Tasmania. Esto, señala la Comisión Nacional Católica de Educación, NCEC por sus siglas en inglés, se ha convertido en “una herramienta” para “las minorías” para “empezar una guerra jurídica o judicial en contra de las personas religiosas o instituciones”.

Un ejemplo de la flexibilidad que desean que quede manifestada en la ley lo expuso Jacinta Collins, directora del NCEC, al señalar que las 1750 escuelas católicas en Australia deben retener su derecho legal de contratar y despedir personal y aceptar estudiantes que encajen con el “carácter distintivo” de la escuela, lo que incluye si la persona ha sido bautizada en la iglesia católica o si ha quebrantado sus principios de fe al estar públicamente en una relación o matrimonio homosexual.

“La forma en que se ejercite ese derecho será sobre una aproximación pastoral de caso por caso. Nuestro enfoque primario está en la dignidad única del individuo”, declaró Jacinta Collins. “Si alguien no encaja en ese carácter distintivo de una escuela religiosa, tiene la oportunidad…de ir a una escuela diferente. Es ese enfoque pluralista australiano único para la prestación de servicios lo que ha fomentado ese entorno.”

La inconformidad parece centrarse en la cláusula 10 de la iniciativa que señala que las escuelas religiosas no discriminan si se trata de una conducta “que pueda razonablemente ser vista de conformidad con sus doctrinas, principios, creencias o enseñanzas de [su] religión”. Aunque parece que concede a las escuelas un amplio marco de acción, las notas explicativas de la disposición señalan que la intención es que se aplique sólo a conductas “de carácter religioso intrínseco”.

La NCEC explica que esta disposición quedaría abierta a la opinión de “instituciones seculares”, como los tribunales, que aplicarían una “visión restringida”. Por ejemplo, la negativa de no rentar un espacio en una escuela para la celebración de un matrimonio homosexual podría calificarse de asunto “operativo” y no intrínsecamente religioso.

La institución religiosa expone que esta flexibilidad se debe extender a hospitales religiosos, centros de atención a la tercera edad, “lugares de retiro”, editoriales religiosas y otras instalaciones comerciales. Así lo expuso en una carta el arzobispo de Melbourne, Peter Comensoli, a nombre de la Conferencia Australiana de Obispos Católicos. “No hay justificación de principios para su exclusión”, manifestó el arzobispo.

El arzobispo dijo también que “es muy importante que la iniciativa no esté encuadrada de tal forma que otorgue a los jueces la oportunidad de decidir sobre detalles de creencia religiosa ya que es un área que escapa de su competencia y que debe quedar fuera de la ley”. Concluye la misiva diciendo que “aunque es prometedora, la legislación necesita trabajo adicional”.

La iglesia católica no es la única institución religiosa en haber manifestado sus objeciones ya que otras denominaciones lo han hecho como la iglesia anglicana.

Por lo pronto el fiscal Porter ha manifestado que se seguirá trabajando en la redacción.

Más información smh.co.au

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