Mazo judicial

 

En una polémica decisión, una juez del Tribunal de Protección de Londres, Inglaterra, ha fallado que un hombre de 36 años con autismo y cognición deteriorada que no entiende qué es el consentimiento en una relación sexual, puede buscar parejas sexuales, aunque ello implique el riesgo de que cometa un delito.

El Tribunal de Protección es la instancia judicial que revisa los asuntos financieros y de bienestar de las personas que han sido declaradas incapaces. A este tribunal llegó el caso de quien ha sido identificado como JB y que fue revisado por la juez Roberts.

La situación fue presentada por la autoridad local del lugar en que reside JB que solicitaba que se mantuviera vigente el plan de cuidado al que ha estado sujeto JB desde 2014 y que le impone varias limitaciones a sus libertades.

Durante el proceso, un psicólogo clínico presentó una evaluación en la que concluye que JB representa un “riesgo moderado” de cometer delitos sexuales hacia mujeres, particularmente hacia aquellas que son vulnerables. Explicó que este hombre no puede entender que el consentimiento de la mujer es relevante en una relación sexual y que intentar tener la relación sin su consentimiento es un delito.

Hasta la fecha, JB no ha sido imputado por ningún delito sexual, en parte por el estricto programa de cuidado al que ha estado sujeto, pero fue su actitud hacia las mujeres lo que llevó a que se creara este plan de cuidado.

Al extender su decisión, la juez Roberts dijo que, pese a su situación particular, JB tiene “el derecho fundamental al sexo” y que hacerlo entender el tema del consentimiento podría equivaler a discriminación por "imponerle una carga que un individuo capacitado puede no compartir". Así, aunque corra el riesgo de cometer un delito, JB tiene “derecho a cometer los mismos errores que todos los seres humanos pueden cometer, y cometen, en el transcurso de su vida".

La juez Roberts reconoció en su decisión que JB “ha hecho muy claro que desesperadamente quiere encontrar a una novia con la que pueda desarrollar y mantener una relación. Él está ansioso de tener una compañera sexual y cree que las restricciones actuales son una interferencia injusta y no solicitada a su derecho fundamental a la vida privada y familiar”.

Para la juez, “la decisión de involucrarnos en relaciones sexuales…es una expresión primitiva de nuestra humanidad y existencia como seres sexuales. Es una parte esencial de nuestro ADN como seres humanos reproductivos”. De esta forma, al ser las relaciones sexuales un “aspecto fundamental de nuestra humanidad”, son “comunes a todos sin importar si un individuo sufre de alguna discapacidad mental”.

Como sustento del caso, el abogado que representó a la autoridad local, Vikram Sachdeva, expuso que si se dejaba actuar sin limitaciones a JB, quedaría expuesto al sistema penal y representaría un riesgo a mujeres vulnerables. De esta forma, el abogado dijo que correspondía al tribunal intervenir en estos casos para imponer las restricciones necesarias para evitar la comisión de delitos por parte de personas con discapacidad mental.

Conocido el veredicto de la juez Roberts, se espera que la autoridad local presente una apelación.

Un caso muy polémico, sin duda, que presenta serios cuestionamientos jurídicos y éticos. Un buen tema de conversación para el café.

Más información theguardian.com

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