Este miércoles el tribunal superior de Escocia, la Court of Session, concluyó que el llamado a la suspensión de sesiones del Parlamento del Reino Unido, en efecto desde las primeras horas de este martes 10 de septiembre, fue ilegal. Esta decisión es un nuevo revés al gobierno del nuevo primer ministro Boris Johnson y a su intento de sacar a su país de la Unión Europea, UE, sin un acuerdo, lo que los críticos y analistas señalan sería desestabilizador para la economía británica.
Desde que en julio el gobierno de Theresa My estaba llegando a su fin y las perspectivas de que Johnson llegara a la primera magistratura, un grupo de 75 parlamentarios, liderados por la parlamentaria escocesa Joanna Cherry, pidieron a un tribunal escocés que se pronunciara sobre la ilegalidad de la suspensión de las sesiones del Parlamento para evitar la discusión de Brexit sin acuerdo.
Boris Johnson ha sido partidario de Brexit desde que el ex primer ministro David Cameron convocó al referéndum para decidir si el Reino Unido permanecía o salía de la Unión Europea. Tras la renuncia de David Cameron por el resultado de este referéndum, asumió el liderazgo del partido conservador Theresa May, con el principal objetivo de lograr el mejor acuerdo para su país para salir de la UE. Sin embargo, este objetivo no fue logrado ya que los parlamentarios británicos no aprobaron los acuerdos que Theresa May logró con los europeos. Desgastada su posición anunció su renuncia al liderazgo del partido lo que llevó a elecciones internas para un nuevo líder. Se trató de un proceso importante porque al ser un sistema parlamentario, generalmente el primer ministro es el líder del partido que tiene más escaños en el Parlamento, en este caso, los conservadores o tories. Así, al no haberse convocado a elecciones, Theresa May sería reemplazada por el nuevo líder del partido. La contienda interna fu ganada por Boris Johnson, exalcalde de Londres y ex ministro de asuntos exteriores.
Boris Johnson ha repetido una y otra vez que el Reino Unido debe estar fuera de la Unión Europea a más tardar el 31 de octubre, con o sin acuerdo, siendo partidario de una salida sin mayores acuerdos que son importantes en materia de fronteras y el libre tránsito de personas y mercancías por las fronteras entre Irlanda, miembro de la UE, e Irlanda del Norte, parte del Reino Unido. Un no acuerdo podría significar un cierre de fronteras y un nuevo enfrentamiento entre irlandeses e ingleses.
Pues bien, en anticipación a la amenaza de un Brexit sin acuerdo, Joanna Cherry y otros parlamentarios presentaron en julio pesado una petición ante los tribunales escoceses para evitar que el Parlamento fuera suspendido y se diera la salida sin acuerdo debido a la premura del tiempo. La petición se presentó ante tribunales escoceses porque no tienen receso de verano como sí lo tiene el Tribunal Superior de Londres.
La suspensión que se quería evitar, conocida en derecho inglés como prorogation, es la facultad que tiene el primer ministro de pedir a la reina que suspenda las sesiones parlamentarias y generalmente dura entre una y dos semanas. Es como un período de descanso sin fecha fija en el calendario y la última vez que se convocó a la suspensión fue hace dos años. El Parlamento reinicia sesiones con una sesión solemne y el discurso de la reina en el que expone las políticas que el primer ministro tomará en lo sucesivo.
Cuando Boris Johnson tomó posesión como primer ministro, pidió permiso a la reina para suspender el parlamento y ella se lo concedió, fijando como fecha de suspensión el 10 de septiembre, reanudando el 14 de octubre próximo, es decir, más de un mes de suspensión. El regreso a sesiones el 14 de octubre impediría al Parlamento tomar acuerdos sustanciales respecto de Brexit y una posible prórroga de la salida con lo que el primer ministro alcanzaría su objetivo de salir ya y sin acuerdo.
Cuando a finales de agosto Johnson manifestó su intención de suspensión, los parlamentarios pidieron al tribunal escoces que se pronunciara como una medida precautoria sobre la decisión. Así, la semana pasada el juez de primera instancia, Lord Doherty concluyó que Johnson no había infringido la ley y que el asunto debía ser resuelto por los parlamentarios y el electorado ya que se trataba de un asunto de política y no de injerencia judicial.
Esa decisión fue apelada y este miércoles un panel de tres magistrados de la Court of Session revirtió esa decisión y concluyó que el llamado a suspensión fue ilegal por que se trató de “una táctica para anular al Parlamento”, y no un uso legítimo del poder.
El magistrado Lord Brodie dijo: “"Este fue un caso atroz de un claro incumplimiento de las normas de comportamiento generalmente aceptadas de las autoridades públicas.
"Debía deducirse que las razones principales para la suspensión eran evitar o impedir que el Parlamento responsabilice al ejecutivo y legisle con respecto al Brexit y permitir que el ejecutivo siga una política de Brexit sin acuerdo sin más interferencia parlamentaria.”
Es de notarse que el tribunal no critica ni juzga la decisión de la reina de conceder la suspensión, sino que concluye que el consejo que le dio el primer ministro fue ilegal. “En consecuencia, el Tribunal emitirá una Orden declarando que el consejo del primer ministro a SM (Su Majestad) la Reina y la prórroga que siguió fueron ilegales y, por lo tanto, son nulos y sin efecto".
Tras el veredicto los parlamentarios promoventes pidieron la reapertura del Parlamento, pero el gobierno ha dicho que esperarán a que la Suprema Corte, máxima instancia, se pronuncie la próxima semana. Antes de este veredicto ya se había fijado a partir del 17 de septiembre como fechas de audiencia de este asunto debido a la apelación que la empresaria Gina Miller presentó. Ella presentó un caso separado ante el Tribunal Superior de Londres, cuyo veredicto le fue contrario al considerar el tribunal que es un asunto que no corresponde decidir al poder judicial.
Todo parece indicar que será hasta la próxima semana cuando la Suprema Corte decida entre estas dos opiniones judiciales contrarias qué procede. Mientras los británicos se están planteando numerosas cuestiones, entre ellas la reforma de las leyes para impedir que en el futuro se haga uso de facultades con fines meramente políticos que debiliten los procesos democráticos. También está la cuestión respecto de la reina y el papel que jugó en este caso, pues ella tuvo la oportunidad de no conceder la suspensión y no usó esa facultad, así que existe la pregunta de si tiene en realidad algún poder constitucional y, de ser así, cuándo lo va a usar. De concluirse que su rol es meramente decorativo, los anti-monarquistas tendrían más argumentos a su favor.
Se trata de un caso muy interesante porque en estas últimas fechas, cuando hemos estado viendo que instituciones que se creían fuertes, particularmente en el caso de los Estados Unidos, han demostrado no resistir a poderes autoritarios, el que la democracia británica esté luchando por mantenerse en pie es una señal esperanzadora.
Más información bbc.com / theguardian.com
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