Mazo y birrete

 

La publicación de la respuesta por correo electrónico de un juez federal de los Estados Unidos a otro, ambos con asiento en Washington DC, ha puesto a prueba las reglas impuestas recientemente en las que se insta a los jueces a actuar con civilidad y pone en entredicho la objetividad de uno de ellos en lo que al cambio climático se refiere.

El asunto se presentó entre el juez de distrito Emmet G. Sullivan y el juez de apelaciones A. Raymond Randolph por el reenvío de la invitación del primero a 45 jueces federales a un seminario sobre cambio climático organizado por el Environmental Law Institute y respaldado por el Federal Judicial Center, que es la organización encargada de actividades educativas del poder judicial federal de los Estados Unidos.

A esta invitación, el juez Randolph respondió, enviando copia a los otros 45 jueces, con un reclamo al juez Sullivan por “someter a nuestros colegas a este sinsentido”, sugiriendo que el juez Sullivan había cruzado una línea ética. “¿Debo reportarte? No lo sé”.

“La jurisdicción que te han asignado no incluye salvar al planeta”, escribió un molesto juez Randolph. “La supuesta ciencia y las cosas que ahora estás patrocinando no son nada de eso”, continuó. “Sal de ese asunto y regresa al asunto de juzgar que es por lo que te están pagando”.

La respuesta del juez Sullivan, marcando también copia a los demás destinatarios, fue la siguiente: “Sinceramente lamento haberte ofendido con mi correo. Simplemente envié el correo sobre un seminario patrocinado con el apoyo del Federal Judicial Center. No tengo intereses en ese seminario”.

Dos semanas después de enviada esta respuesta, el juez Randolph, en un aparente estado de arrepentimiento, se refirió a todos los jueces sobre el asunto escribiendo que “mientras continúo en desacuerdo con su conclusión de lo apropiado del programa [del seminario], pienso que su postura es mantenida de forma justa” y añadió: “No pienso que el juez Sullivan haya actuado de forma inapropiada al haber circulado la invitación al programa de ELI (Environmental Law Institute)”.

La situación es doble: por un lado, se ha cuestionado al juez Randolph respecto del cumplimiento de las normas éticas y de comportamiento que deben acompañar las palabras y actuaciones de los jueces, y, por el otro, su imparcialidad respecto de temas que se refieren al cambio climático y la posible necesidad de que se recuse de conocer de estos procesos.

Por el momento, se ha cambiado el panel de jueces que en septiembre 6 escucharán el caso presentado por California y otra docena de estados recurriendo la decisión de la EPA, Environmental Protection Agency, de cambiar las normas sobre las emisiones vehiculares, y el nombre del juez Randolph ha sido eliminado.

Profesores de Derecho han opinado que, si bien los jueces tienen derecho a sus opiniones, estas deben mantenerse en privado ya que si se hacen públicas se da pie para que los litigantes recurran sus decisiones por razones de imparcialidad.

Por el otro lado, el pasado mes de marzo el poder judicial expidió nuevas normas de ética que hacen un llamado a los jueces a “practicar la civilidad siendo pacientes, decorosos, respetuosos y corteses al tratar con el personal de los tribunales”, señalando que los jueces no deben involucrarse en “conductas injuriosas”.

Después del exabrupto del juez Randolph, el juez Sullivan ha pedido al Comité de Código de Conducta una opinión consultiva respecto de su colega y que se pronuncie sobre su parcialidad en materia de cambio climático y si debe recusarse en la revisión de los asuntos decididos por el juez Sullivan por una referencia que hace sobre recientes sentencias firmadas por él.

Si el mencionado comité se pronunciará o no sobre el asunto, se ha puesto en duda por especialistas que señalan que ese organismo sólo da una guía en casos de potenciales conflictos de intereses. Además, de pronunciarse sobre el tema la opinión sería confidencial puesto que no se pueden hacer públicas salvo que el juez implicado decida lo contrario.

Es de notarse que a los jueces y magistrados se les exige en todo el mundo una conducta impecable como parte de la importante labor que realizan. No asistir a fiestas y eventos sociales que puedan poner en duda su imparcialidad, o pronunciar públicamente sus puntos de vista personales son algunas de las exigencias del cargo que han elegido desempeñar. Nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos los que imparten justicia apegándose a tan estricto código de ética.

Más información washingtonpost.com

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