Anillos

 

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Colombia concluyó que bajo ninguna circunstancia una víctima de maltrato pierde el derecho a la pensión de sobrevivientes de su cónyuge, “por el solo hecho de renunciar a la cohabitación y buscar legítimamente la protección de su vida y su integridad personal”.

En el caso, una mujer de Medellín solicitó a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) el pagó de la pensión de cónyuge sobreviviente, lo que en México se conoce como pensión de viudez.

Mientras su esposo estaba con vida, la mujer había demandado por alimentos a su esposo y recibía el 30% de su pensión. Cuando el hombre murió en 2004, acudió a Colpensiones para reclamar su pensión, pero le dijeron que no tenía derecho porque ella había dejado de vivir con su esposo durante los cinco años anteriores a su muerte, como establece la ley.

La mujer decidió demandar alegando que no se fue de su hogar por una decisión libre sino porque era víctima de “tratos crueles” por parte de su esposo. El juzgado de primera instancia le dio la razón, pero la empresa apeló acudiendo al mismo argumento que utilizaron desde el comienzo, la excepción prevista en la ley, y el Tribunal Superior de Medellín le dio la razón al fondo de pensiones.

El caso llegó hasta la Sala Laboral de la Corte Suprema y allí se aclaró que las víctimas de maltrato que no vivan con sus parejas por esta razón sí pueden reclamar este tipo de pensiones.

Tras estudiar todo el expediente, el alto tribunal le dio la razón a la mujer, retomó el fallo del juzgado de primera instancia y además aclaró: “No sería posible entender, bajo ninguna circunstancia, que una víctima de maltrato pierde el derecho a la pensión de sobrevivientes de su cónyuge, por el solo hecho de renunciar a la cohabitación y buscar legítimamente la protección de su vida y su integridad personal”.

Los magistrados estimaron que la exigencia de cinco años de convivencia que alegaba el fondo de pensiones era “obligar a lo imposible” a una víctima que intentaba preservar su vida y, “pensar diferente sería una forma de revictimización”. Para la Corte, entonces, el Tribunal de Medellín cometió un error cuando concluyó que “no existía convivencia entre la demandante y su cónyuge”, pues no era esto lo que se debía comprobar, sino sobre quién recaía la culpa de que se hubiera interrumpido esa convivencia.

Para la Sala Laboral  fue claro que recaía sobre el esposo: en la investigación de campo que Colpensiones aportó al proceso se leía que la pareja contrajo matrimonio en 1993, se fueron a vivir juntos y la mujer “soportó con paciencia el trato indiferente y los desplantes de tipo psicológico y moral que le hacía su cónyuge hasta 1997”.

Es decir, “fue la propia entidad demandada la que verificó que la separación de la demandante de su fallecido cónyuge se había originado por razones ajenas a su voluntad”. En otras palabras, si bien es cierto que “la demandante se separó de cuerpos de su esposo y no convivía con él en el momento de la muerte”, como decía el fondo de pensiones, esto se debió a los malos tratos de los que era víctima, como ya lo había señalado el juzgado de primera instancia.

El alto tribunal decretó que la mujer tiene derecho a la pensión de viudez.

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