Después de haber concedido la libertad provisional al banquero Eligio Cedeño, la jueza María Lourdes Afiuni fue detenida por el Ministerio Público venezolano y trasladad a las instalaciones de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, Disip, por orden de aprehensión dictada por el tribunal 1° de Control de Caracas.

Tras darse a conocer el arresto de la jueza, tres expertos independientes de la ONU describieron el hecho como un “golpe de estado del presidente Hugo Chávez a la independencia de magistrados y jueces del país” y solicitaron la libertad inmediata e incondicional de la jueza Afiuni.

Para justificar el arresto, la Fiscal General venezolana, Luisa Ortega Díaz, declaró el pasado 15 de diciembre que la jueza actúo de manera ilegal al conceder la libertad provisional al indiciado a espaladas del ministerio público y con la sola presencia de los abogados defensores, violando el artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal que establece la prohibición al juez de mantener contacto directo e indirecto con alguna de las partes sin la presencia de todas.

Un grupo de trabajo de la ONU ya se había pronunciado sobre el arresto del banquero Eligio Cedeño, a quien la jueza concedió la libertad provisional, mencionando que su detención había sido arbitraria. Eligio Cedeño fue detenido en febrero del 2007 acusado  del delito de distracción de recursos, previsto en la Ley General de Bancos, así como de contrabando, todo en el marco del caso del Consorcio Microstar y que se resume en la solicitud de 27 millones de dólares a precio oficial para la compra de computadoras, dinero que presuntamente terminó desviándose para otros fines.

El caso Cedeño ya había sido denunciado en varias oportunidades por diferentes violaciones a los derechos procesales del indiciado como a tener un juicio imparcial, a presentar pruebas para su defensa y a obtener una fianza acorde con el delito que se le imputa, entre otros. Al momento de su detención Eligio Cedeño era presidente del Grupo Financiero Bolívar.

La jueza María Lourdes Afiuni, a cargo del Tribunal 31 de Control de Caracas, dictaminó el pasado 10 de diciembre la libertad condicional de Cedeño quien ha estado detenido casi tres años en espera de juicio, y con las condicionantes de que no podía abandonar el país y que debía presentarse cada 15 días al Tribunal.

Su decisión no fue nueva ya que en octubre pasado la Sala 8 de la Corte de Apelaciones había llegado a la misma decisión, pero ésta fue revertida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La ONU reportó también que un juez de la Corte de Apelaciones fue degrado y removido de la Corte por la decisión de conceder la libertad condicional al indiciado por haberse excedido la detención de los términos legales.

La ONU declara que en un acto con funcionarios de gobierno, transmitido por televisión y radio nacionales, el presidente venezolano exigió una condena de 30 años de prisión para la jueza Afiuni, aún cuando nueva legislación fuese necesaria para alcanzar ese objetivo, lo que sería una de las mayores violaciones al principio de seguridad y certeza jurídica.

Los tres  expertos de la ONU señalan que “las represalias por ejercer funciones constitucionalmente garantizadas y la creación de un clima de temor en el poder judicial y en los abogados no sirve a otro propósito que el de socavar el estado de derecho y obstruir la justicia”.

Dichos relatores independientes de la ONU son expertos en detención arbitraria, en la independencia de magistrados y abogados y en la situación de los defensores de los derechos humanos.

Fuente ONU

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