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Categoría: El Derecho y la Actualidad
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Mazo judicial

 

En una decisión que se ha leído más como política que humanitaria, Shinzo Abe, primer ministro de Japón, declaró que el gobierno no presentará apelación en contra de la sentencia dictada el pasado 28 de junio en la que se otorga compensación a familiares de pacientes que sufrieron segregación por lepra.

Con fundamento en la ley de prevención de la lepra o enfermedad de Hansen, vigente entre 1907 y 1996, los pacientes con este padecimiento fueron aislados en sanatorios e instituciones lo que hizo difícil para sus familiares entrar a las escuelas, encontrar trabajo o contraer matrimonio.

En 2001 un tribunal concluyó que este sistema de segregación fue inconstitucional. Resultado de esta falló, el entonces primer ministro Junichiro Koizumi se disculpó públicamente con los enfermos e inició un programa de reparación de daños a los pacientes.

El gobierno no fue el único poder en ofrecer disculpas ya que en 2016 la Suprema Corte de Japón también se disculpó también por haber promovido la segregación al haber procesado entre 1948 y 1972 noventa y cinco casos en cortes especiales establecidas en las instituciones donde estaban recluidos los enfermos por temor al contagio. Si bien la Suprema Corte de Japón está facultada para establecer estos tribunales especiales cuando lo considera necesario, a partir de investigaciones realizadas el máximo tribunal encontró que el personal administrativo tomaba la decisión de establecer cortes especiales por razones discriminatorias hacia los enfermos y no por una posibilidad real de contagio, basados en creencias equivocadas respecto de la enfermedad.

En marzo de 2016 prescribió el derecho de pacientes y familiares de presentar reclamaciones al gobierno por la segregación. Así, el 28 de junio de este año se resolvió una de estas demandas que representó a 561 parientes de pacientes. La Corte de Distrito de Kumamoto falló a favor de la reparación de daños a 541 de los demandantes y ordenó al gobierno a pagar una compensación por un monto de 370 millones de yenes, equivalentes a 3.4 millones de dólares estadunidenses. De esta forma, cada demandante recibirá entre 330,000 y 1,430,000 yenes.

En su fallo la Corte encontró que la política discriminatoria pudo haber terminado en 1960, pero que el gobierno decidió prolongarla hasta 1996.

“Hemos decidido no apelar”, dijo el primer ministro a los reporteros. “No debemos prolongar las dificultades a los familiares que han padecido algo indescriptible”. El primer ministro reconoció que es una decisión inusual y detrás de ella analistas han leído intereses políticos con miras a la elección de los miembros de la Cámara Alta del legislativo el próximo 21 de julio.

El plazo del gobierno para presentar la apelación expiró el viernes 5 de julio y ya el ministro de Salud, Trabajo y Bienestar, Takumi Nemoto, declaró que pronto el gobierno empezará a pagar las compensaciones.

Para Chikara Hayashi, de 94 años y líder de los demandantes, la reparación a los familiares debió haberse hecho muchos años atrás. “El gobierno debe dedicar todos sus esfuerzos a resolver la discriminación contra los ciudadanos que ha fomentado a través de sus políticas equivocadas", concluyó.

Si bien son muchos los que se atrevieron a demandar, no son los únicos que sufrieron las consecuencias de la segregación pues varios familiares decidieron no presentar demanda en contra del gobierno.

Más información japantimes.co.jp

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