Protesis

 

La Audiencia Nacional de España está investigando a la multinacional norteamericana Johnson & Johnson, una de las mayores farmacéuticas del mundo, por haber comercializado prótesis de cadera defectuosas.

Esas prótesis se implantaron en pacientes en decenas de países, entre ellos España, y le han costado a la firma, solo en EE UU, 120 millones de dólares en indemnizaciones. Las prótesis, según se ha probado en otros procesos, liberan sustancias metálicas dañinas para la salud.

Las prótesis, conocidas como ASR y comercializadas a través de la filial DePuy, se distribuyeron en 70 centros repartidos por casi todas las comunidades autónomas españolas y se implantaron al menos a 3,000 personas hasta 2010, cuando la empresa las retiró del mercado español. Un año antes, en 2009, la agencia Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, U.S. Food and Drug Administration) ya había ordenado dejar de comercializar este producto en ese país. La empresa ha vendido alrededor de 93,000 prótesis ASR en todo el mundo.

La querella se presentó hace dos años por un grupo de 43 pacientes al que después se sumaron otros 63, y ya se ha citado en relación con el caso a tres expresidentes y a un representante legal de Johnson & Johnson en España, pero todos se han acogido al derecho a no declarar. Además, también se investiga a los ingenieros que diseñaron las prótesis y otros altos cargos de la firma. Los querellantes piden que se les juzgue por delitos de fraude en productos sanitarios y estafa agravada.

Según la documentación que se acompaña a la denuncia, la compañía sabía desde antes de 2010 que las prótesis del modelo ASR XL podían causar daño a las personas. Un 12% de ellas fallaba y se aconsejaba retirarlas.

Los pacientes afectados han conseguido ya dos sentencias favorables, ratificadas por audiencias provinciales, con las han logrado cerca de medio millón de euros en indemnizaciones.

Uno de los problemas comunes de este tipo de prótesis es la liberación de iones metálicos de cromo y cobalto, dañinos para la salud. Así lo establece una sentencia dictada en Vigo en 2018, en la que el juez establece como hechos probados que “las partículas metálicas presentes eran producto del desgaste abrasivo producido por terceros cuerpos y consecuencia de un defectuoso proceso de fabricación”. Una situación que se produce en parte por el rozamiento entre la parte que sustituye el hueso del fémur (la cabeza femoral) y la pieza que sirve de enganche con la cadera (el cotilo). De ahí que el roce genere dolor e imposibilite los movimientos.

En Estados Unidos, la empresa ha alcanzado acuerdos de compensación con más de 9,800 pacientes, según reveló The Implant Files, una investigación periodística liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Pese a este antecedente, en 2018 pacientes británicos perdieron su caso porque la juez concluyó que no se había demostrado que la prótesis “no cumplía con el nivel de seguridad al que el público tenía derecho a esperar cuando ingresó en el mercado en 2002” ni que “llevara consigo un ‘riesgo anormal’ de daño”.

En enero de este año, la empresa ha sido condenada a pagar 120 millones de dólares de indemnización a 46 Estados de Estados Unidos para resolver las acusaciones de que la compañía promovió ilegalmente sus implantes de cadera con dispositivos metálicos, concretamente los modelos ASR XL y el Pinnacle Ultamet.

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