En España ha iniciado el mayor juicio sobre los repartidores de apps, normalmente jóvenes en bicicleta o moto con una gran mochila térmica a la espalda, que las empresas identifican como proveedores autónomos, pero que la inspección del trabajo española identifica como asalariados.

El protagonista en esta historia es Roofoods Spain, que opera en España con el nombre comercial Deliveroo, una empresa que a través de su sitio web recibe pedidos de alimentos y sus repartidores recogen los pedidos en bares y restaurantes y los entregan a los clientes.

A partir de una denuncia, la Inspección del Trabajo revisó las condiciones laborales de 562 repartidores contratados por Deliveroo entre 2015 y 2017. En el acta correspondiente se establece que que Deliveroo firma con los repartidores "contrato de servicios” con un “trabajador autónomo”, identificando a los repartidores como un “proveedor de servicios". Con este modelo laboral, la compañía  evita dar de alta en la Seguridad Social a los trabajadores y pagar las cotizaciones correspondientes en el régimen general, el de los asalariados. Ambas cargas las delega, obligatoriamente, en el repartidor.

Pero la Inspección de Trabajo rechaza este modelo: “En el presente supuesto, no obstante la existencia formal de contratos y facturas entre ambas partes, la relación civil que pretender crear esconde, en realidad una verdadera relación laboral”, expone la Inspección en la primera resolución sobre qué tipo de relación tienen empleado y empleador en empresas digitales de reparto.

Para la Inspección, la relación es laboral porque concurren tres circunstancias clave. La primera es la dependencia, que en el derecho laboral mexicano equivale a la subordinación: el trabajador depende de la empresa para organizar su trabajo. “Que Deliveroo permita elegir jornada y horario no es determinante, porque es ella [la empresa] la que decide finalmente los días, zonas y horario. La empresa puede, en cualquier momento —y, de hecho, así ha ocurrido [...]— dictar nuevas instrucciones y los trabajadores deben obedecer, porque las únicas opciones que tienen es aceptar las condiciones o cesar en la prestación del servicio”.

Esta afirmación se sustenta en correos de la empresa a los trabajadores en la que se informa de la rescisión del contrato. “Casa mal esa pretendida libertad de elección que predica la empresa, con esa extinción del contrato por el rechazo de reparto de forma reiterada”, apunta el inspector.

También concluye que la relación es laboral porque es la empresa la que fija unilateralmente la retribución y por ser ella quien aporta “toda la infraestructura” indispensable para realizar la actividad: “Medios materiales y humanos, incluida la propia aplicación informática, elemento nuclear de la relación, la relación con los restaurantes y clientes y todo el soporte preciso”.

Así, ordenó a Deliveroo incorporar a los 562 repartidores al Régimen General de Trabajadores, pero la empresa se reusó a cumplir con la medida, lo que dio origen a este juicio

En la pasada audiencia la empresa reiteró que los repartidores tienen la libertad para escoger horarios, rechazar pedidos o combinar encargos de varias plataformas. Asimismo, negó que el rechazar pedidos tenga como consecuencia recibir menos encargos, aunque un directivo de la empresa admitió que en el pasado sí, pero ahora no. “La geolocalización que llevan incorporadas las aplicaciones que usan los rider no es un mecanismo de control”, dice el abogado, “los repartidores no dependen de nadie y pueden organizarse como quieren y, por tanto, son autónomos. Los proveedores son los repartidores y las plataformas los clientes”, afirmó Gil.

La empresa basó su defensa en desacreditar el acta de la Inspección, acusándoles de “posible parcialidad”. “Parece que andaba a la búsqueda de un resultado determinado ante la presión mediática y política”, afirmó el abogado de Deliveroo, Román Gil, del bufete Sagardoy, habitual defensor de grandes empresas.

En el lado opuesto están los representantes  de la Seguridad Social, los abogados que representan a los trabajadores y los que representan a los sindicatos por ser parte interesada. Ellos defendieron, como dice el acta de la Inspección, que no es la voluntad de las partes la que define la naturaleza de un contrato, sino la realidad. Sus argumentos buscan demostrar que rechazar encargos sí tiene consecuencias, que los repartidores no tienen capacidad para organizarse el trabajo y que ni siquiera pueden negociar sus retribuciones o cobrar a los clientes finales.

El juez dio de plazo hasta el 11 de junio para que las partes presenten sus conclusiones finales por escrito.

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