Poniendo fin a una controversia de más de ocho años, este lunes la Oficina de Derecho Administrativo de California, Office of Administrative Law, OAL, publicó la excepción que se hace al café de advertir a los consumidores sobre riesgos de cáncer.
Con fundamento en la Ley de Seguridad del Agua Potable y de Aplicación de Sustancias Tóxicas que obliga a los comercios a alertar a los consumidores mediante el etiquetado de la exposición a alguno de los más de 900 químicos enlistados, conocida como Propuesta 65, Prop 65, en 2010 se presentó una acción civil en contra de empresas que venden café por no advertir a los consumidores de la presencia de acrilamida.
El asunto radica en que los granos tostados de café contienen acrilamida, una sustancia química que se usa principalmente para hacer compuestos químicos llamados copolímeros de poliacrilamida y de acrilamida y que es uno de los más de 900 químicos listados en mencionada la ley californiana.
La demanda fue presentada por una organización no lucrativa llamada Council for Education and Research on Toxics, en contra de 91 empresas, como Starbucks y Dunkin’ Donuts, por no cumplir con la norma de etiquetado que advierta de la exposición a la acrilamida de los bebedores de café.
En 2010 el juez Elihu M. Berle, del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, falló a favor de los demandantes, aunque concedió más tiempo a los demandados para exponer argumentos con lo que el litigio quedó pendiente.
Como respuesta a la sentencia, legisladores californianos, preocupados por una excesiva advertencia sobre riesgos a la salud, decidieron presentar una iniciativa de reformas para exceptuar al café y exponer que la exposición a químicos en la lista de carcinógenos “que son producidos como parte de y son inherentes al proceso de tostado de los granos de café y preparación del café no representan riesgos significativos de cáncer”.
Esta semana la excepción fue finalmente aprobada y firmada por la OAL, organismo que revisa los reglamentos administrativos propuestos por más de 200 agencias estatales para el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo de California, además de hacer del conocimiento del secretario de estado las regulaciones y publicarlas en el Código de Reglamentos de California.
De esta forma, al exceptuar al café de la advertencia de la presencia de un agente tóxico, las empresas que expenden esta bebida en el estado de California no tendrán que invertir millones de dólares en un nuevo etiquetado.
“Ahora todos nos sentimos un poco más sanos”, declaró a medios Chuck Jones, propietario de la empresa Jones Coffee Roasters de Pasadena. "Esto es un gran alivio."
Jones Coffee Roasters es la empresa más pequeña demandada en la acción colectiva presentada por Council for Education and Research on Toxics y, a decir de su propietario, hasta el momento han invertido 170,000 dólares en honorarios de abogados.
Es de esperarse que con esta decisión, la demanda pierda su objeto y no siga prosperando.
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