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La semana pasada se publicó el texto de la nueva Directiva de derechos de autor de la Unión Europea en el Diario Oficial de la organización de naciones, incluyendo el controvertido Artículo 17 que requiere que las plataformas en línea como YouTube obtengan autorización de los titulares de derechos.

La Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE se adoptó el 26 de marzo de 2019, después de años de discusión, con 348 miembros del Parlamento a favor, 274 en contra y 36 abstenciones.

Un poco menos de un mes después, el Consejo de Ministros de la UE hizo suya la legislación a pesar de la oposición de Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Finlandia y Suecia. Bélgica, Estonia y Eslovenia se abstuvieron.

Estas disposiciones incluyen el artículo 17 que señala que los Estados miembros deberán considerar que los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea como YouTube, Daily Motion, o cualquier otro sitio de este tipo, realizan un acto de comunicación al público o de puesta a disposición del público cuando ofrecen obras protegidas por derechos de autor cargadas por sus usuarios.

En consecuencia deberán obtener una autorización de los titulares de derechos, mediante la celebración de un acuerdo de licencia, con el fin de comunicar al público o de poner a su disposición obras u otras prestaciones.

Es decir, la actividad de YouTube y otros se convierte en un actividad regulada que le obliga a obtener autorización de los titulares de derechos de autor para comunicar un contenido, independientemente de que haya sido un usuario el que publicó ese contenido.

En caso de que no se conceda una autorización, serán responsables de violaciones a derechos de autor, a menos que demuestren que hicieron los mayores esfuerzos para obtener autorización, tomaron las medidas necesarias para bloquear las publicaciones una vez notificados por los autores, actuando lo más pronto posible y tomaron las medidas necesarias para que no se volvieran a publicar.

A los estados miembros de la UE se les otorga hasta el 7 de junio de 2021 para implementar las disposiciones de la Directiva.

Tal vez el impacto de estas disposiciones lo veamos a nivel mundial.

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